El Consejo de Ministros prevé este martes acordar el indulto parcial al denunciante de la 'Gürtel', José Luis Peñas, que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 5 años y 3 meses de prisión, 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas.
Tal y como adelanta ElDiario.es y confirman fuentes gubernamentales y de la defensa del exconcejal del PP, tras 17 años desde la denuncia y de destapar la trama, este martes llega al Consejo de Ministros. Apuntan que este indulto parcial le permitirá mantener su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Precisamente, el pasado 14 de octubre la Audiencia Nacional acordó dar por finalizada la pena de prisión impuesta a Peñas después de que en abril hubiera decidido suspender por tres años la misma.
Ya en 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo informó favorablemente a la concesión de un indulto parcial al denunciante de la 'Gürtel' y remitió informe al Ministerio de Justicia indicando que apoyaba que se conmutaran las dos penas de inhabilitación absoluta a las que Peñas fue condenado por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.
La Sala tenía en cuenta para su decisión el criterio del fiscal, que respaldaba la concesión del indulto parcial a José Luis Peñas, atendiendo a razones de justicia, equidad y utilidad pública, requisitos que exige la Ley del Indulto, y al arrepentimiento del solicitante.
Además, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que la figura del 'whistleblower' (delator o arrepentido) es reconocida y protegida.
Aflición desmedida
Asimismo, valoraba la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
El informe del Ministerio Público destacaba que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria.
En cambio, consideraba que el indulto parcial, conmutando las penas de inhabilitación absoluta por dos de inhabilitación especial, le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir en el desempeño de sus funciones como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.
