Aunque la reforma educativa ya concluyó en 2024 con la aprobación de la nueva ley de enseñanzas artísticas, hay todavía varios cambios pendientes para este 2025. La nueva Selectividad, por ejemplo, que se estrenará en junio; o la reforma de la profesión docente, que lleva más de un año negociándose con los sindicatos. Todo ello mientras prosigue el debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas y se aplica el nuevo decreto del Gobierno que prohibirá las bebidas azucaradas en los comedores escolares.
No arranca un nuevo curso este enero, pero la comunidad educativa sí que espera algún que otro cambio importante para los dos últimos trimestres. La mayor novedad, quizás, es la nueva Prueba de Acceso a la Universidad —la PAU, que es como ha vuelto a bautizarse ahora—, que prevé cambios en la forma de evaluar y en la estructura de los exámenes. No habrá tanta diferencia como se preveía al principio, cuando el Ministerio de Educación planteó una evaluación mucho más competencial, con una prueba de madurez y cambios más drásticos; pero los alumnos que se examinen este año sí que verán modificaciones.
Los exámenes —que se celebrarán el 3, 4, 5 y 6 de junio— tendrán características y criterios de corrección comunes en todo el país, y ya no tendrán la posibilidad de elegir entre dos modelos de examen: solo habrá una única opción de ejercicio por cada materia y las faltas de ortografía penalizarán con una bajada del 10% en la nota. La Selectividad ha sido, además, un asunto polémico en los últimos meses. El Ejecutivo definió los mínimos que tendrán que tener los exámenes y las comunidades debían desarrollar el resto de la prueba, algo que muchas han hecho a contrarreloj, a finales de año, no sin críticas de los estudiantes.
Además, el PP, que desde el principio ha exigido que se implante en toda España un examen uniforme, impondrá la misma prueba en todos sus territorios. La prueba será el mismo día en todos los territorios gobernados por los populares, y los alumnos serán evaluados por los mismos contenidos, criterios de corrección y números de preguntas en todas las asignaturas comunes.
Los centros también irán preparando nuevas regulaciones sobre el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, un asunto que ha protagonizado numerosos debates en 2024. Está por ver si la nueva ley de protección a la infancia en el entorno digital que prepara el Ejecutivo recogerá alguna medida que limite las herramientas digitales y los móviles en los colegios, aunque ya son varios los centros educativos que, ante la falta de una normativa común en las comunidades, han ido por su cuenta estableciendo límites de uso de los teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos durante el horario lectivo.
Un estatuto docente adaptado a las nuevas necesidades
Otra de las prioridades del departamento que dirige Pilar Alegría para este curso es la aprobación de un nuevo estatuto docente, la norma que fija los derechos y obligaciones de los profesores. Se trata de una reivindicación histórica del sector a la que se comprometió el Gobierno cuando inició la reforma integral de todo el sistema educativo. Sin embargo, años después, sigue siendo una de las mayores tareas pendientes del Ministerio de Educación.
En 2022 se presentó un documento con 24 propuestas para mejorar la profesión docente, con aspectos que definían cómo debía ser la formación de los futuros profesores, su carrera y trayectoria profesional y las condiciones laborales. En él se planteaba endurecer el acceso a la carrera de Magisterio, ampliar la duración del Máster y hacer obligatoria la formación permanente del profesorado. Pero este cayó en saco roto por falta de acuerdo con la comunidad educativa y el adelanto electoral, y desde entonces no parece que se haya avanzado mucho en el asunto.
Según cuentan fuentes de UGT, está previsto que se reúna la mesa de negociación del personal docente no universitario el próximo 14 de enero para reactivar las conversaciones con la vista puesta en tener un texto definido, a poder ser, antes de que termine el año. Las demandas de los sindicatos son numerosas, y van desde la reducción de ratios, la revisión del actual sistema de concurso-oposición; a la disminución de la burocracia, la incorporación a todos los cuerpos docentes en el subgrupo A1 o el establecimiento de una cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación para evitar que los profesores pierdan poder adquisitivo.
Sin bebidas azucaradas en los comedores
Asimismo, este año verá la luz el nuevo decreto de comedores elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, mediante el cual se instará a todos los colegios a ofrecer fruta y verdura cada día y prohibirá el consumo de bebidas azucaradas durante las comidas. La iniciativa, impulsada para atajar la obesidad infantil, especialmente entre las familias con menos recursos, incluirá guías para la composición "óptima" de los menús escolares y limitará la presencia de alimentos procesados o precocinados.
Estatuto del becario
Otro de los asuntos pendientes, que además lleva siéndolo desde 2022, es la aprobación del estatuto del becario. El Ministerio de Trabajo firmó con los sindicatos un primer texto en 2023, pero este también quedó aparcado en un cajón por la convocatoria de elecciones anticipadas. En octubre se reactivaron de nuevo las negociaciones y la ministra Yolanda Díaz llevó al Consejo de Ministros la consulta pública de la norma que pretende regular las condiciones de trabajo de los estudiantes en prácticas.
Pero no se ha vuelto a saber nada desde entonces (el plazo para presentar alegaciones venció el 3 de enero), aunque sí que es cierto que desde enero del año pasado los becarios en prácticas no remunerados cotizan en la Seguridad Social, algo que ha beneficiado a 925.000 estudiantes en su primer año de aplicación.
