El deshielo entre Moncloa y Junts tras acordar un nuevo decreto ómnibus despeja en parte el camino para reanudar todas las negociaciones que Carles Puigdemont congeló temporalmente. Ambas partes coinciden en que la que está bastante avanzada —aunque ni mucho menos cerrada— es la delegación de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, una de las principales exigencias de Junts que ya fue pactada con el Gobierno hace un año. Pero el gran escollo en esta negociación está en que los independentistas piden el traspaso "integral", mientras el Ejecutivo insiste en que esta cesión tiene que realizarse conforme a la Constitución. Un debate que ha resurgido mientras Moncloa vuelve a abrir el melón de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
No es una carpeta nueva dentro de las negociaciones entre ambos partidos. Fue en enero de 2024 cuando el Gobierno pactó esta transferencia a cambio de que Junts permitiese la aprobación de tres decretos. En dicho acuerdo, los posconvergentes planteaban la "delegación" de estas competencias a la Generalitat mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de una ley orgánica.
Los ministros competentes siempre han alegado que el artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. Además, la ley de Extranjería apuntala que corresponde al Gobierno, conforme al citado artículo de la Constitución, la "definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas".
Pero la exigencia de todas las competencias ha sido recurrente en los últimos meses, en los que Junts ha profundizado en un discurso xenófobo para confrontar con formaciones que le disputan los votos nacionalistas, como Aliança Catalana. Y tras el último acuerdo con el PSOE, la exigencia parece haber cogido más fuerza. "Puesto que el acuerdo al que llegamos con el PSOE, que está escrito y firmado, es delegación integral, nosotros queremos delegación integral. Integral significa que los Mossos tengan competencias plenas en materia de inmigración", lanzó su portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, que recalcó que "si hay un 'pero', no habrá acuerdo".
Es un asunto que depende de tres ministerios, Exteriores, Interior y Migraciones, y es en las competencias que maneja el departamento de Fernando Grande-Marlaska y en el de Elma Saiz donde Junts pone el ojo porque manejan el control de fronteras y también los permisos de residencia. Lo que pide Junts, textualmente, es a los Mossos d'Esquadra en la frontera. "Las conversaciones son discretas y, cuando haya acuerdo, se hará público", se limitó a responder el ministro Félix Bolaños, uno de los negociadores del Gobierno, tras asegurar que las negociaciones están "bastante avanzadas".
Sin embargo, no quiso ser tajante en el rechazo del Gobierno a ceder las competencias integrales. Si bien, hace tan solo unos días el ministro del Interior insistió en la línea roja del control de fronteras, regulación de flujos migratorios o expulsión de extranjeros por ser materias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta el momento, Marlaska solo se muestra dispuesto a ceder las competencias en el plano asistencial y de atención a los migrantes.
Precisamente, Junts apunta a Marlaska como el ministro que pone "problemas". "Si no está de acuerdo, se le cesa, porque este es un acuerdo con el PSOE, y no me sirve que se resista el señor Marlaska, porque si se resiste quiere decir que prefieren a un ministro que cumplir con el acuerdo. Han de elegir, o el ministro o el acuerdo", dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace pocos días.
La otra ministra con competencias en las que Junts tiene interés es Elma Saiz, que este miércoles defendió la fórmula de la "cogobernanza" y "gestión compartida" de la política migratoria entre el Gobierno y, en este caso, la Generalitat, aunque sin dar más detalles sobre las conversaciones que mantienen Moncloa y Junts al respecto.
El escollo sigue ahí y el Gobierno es perfectamente consciente de que, mientras permanezca, los de Puigdemont no se abrirán a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Junts alega que el principal problema reside en el debate interno dentro del seno socialista, al tiempo que insiste en que este acuerdo se podría llevar a cabo en los próximos días si Sánchez "desbloquea" el control de fronteras junto con la capacidad de decidir "sanciones".
Los socios del PSOE cuestionan un eventual traspaso
No obstante, incluso aunque el Gobierno y Junts alcanzaran un acuerdo para la cesión de competencias, sería necesario que el Congreso lo ratificase por mayoría absoluta mediante una ley orgánica. Y lograr esos 176 apoyos no sería tarea fácil, incluso contando con que Sumar no pusiera problemas a un acuerdo firmado por la Moncloa con los de Carles Puigdemont. Para alcanzar la mayoría necesaria harían falta los votos de ERC, PNV, EH Bildu y Podemos. Y varias de estas formaciones ven con recelo el traspaso de las competencias de inmigración ante la posibilidad de que sean el trasfondo para poner en marcha políticas xenófobas.
Quien ha expresado con mayor claridad sus dudas ante esta opción son los republicanos catalanes, pese a que su discurso ha sido bastante medido. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló hace unas semanas en una entrevista en la Cadena SER que él y su formación son partidarios de obtener "las máximas competencias para Cataluña", y el programa de ERC para las últimas elecciones catalanas planteaba la cesión de estas capacidades en lo relativo a la migración. No obstante, el programa especificaba que el objetivo debe ser "garantizar la cohesión social, los derechos humanos y la construcción nacional". Y Rufián, hace unas semanas, alertó del "discurso y las intenciones xenófobas" que, a su juicio, tiene Junts al abrir este melón.
En esa misma entrevista, el portavoz de ERC en el Congreso denunciaba que, al escuchar "a representantes de Junts en el Congreso", "parece que escuche a Sílvia Orriols, la líder del partido independentista de ultraderecha Aliança Catalana. Y, este mismo miércoles, el dirigente de ERC criticó a los de Puigdemont por hacer gala de "una supuesta negociación sobre inmigración para poder ir haciendo el discursito orriolista", en referencia también a la líder ultra catalana.
Por su parte, Podemos también admite tener dudas sobre la conveniencia de traspasar las competencias sobre inmigración a Cataluña en un momento de auge de los discursos xenófobos en todo el mundo. De hecho, en diciembre, la coportavoz morada María Teresa Pérez aseguró compartir con Junts la desconfianza en la palabra del Gobierno, pero también denunció que los independentistas catalanes quieren ese traspaso competencial para "deportar a personas de forma absolutamente racista".
Por su parte, los socios nacionalistas vascos del Gobierno, PNV y EH Bildu, no se oponen a la cesión de competencias, pero la exigen también para el País Vasco. El PNV, de hecho, lleva pidiendo esa cesión desde la pasada legislatura, pero siempre ha dejado muy claro su rechazo a "permitir que discursos xenófobos y actitudes intolerantes campen a sus anchas, ya que representan una amenaza para la convivencia". Y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró hace unos meses que la de inmigración "es una de las grandes competencias" que Euskadi debe "recuperar", pero también alertó de lo "peligroso" que es el "relato de la extrema derecha" que "hace sujeto de todos los problemas" a los inmigrantes.
