La directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, ha pedido este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso políticas públicas integrales para combatir la misoginia, que ha dicho que supone "el odio más extendido, el más normalizado, el más persistente y el que afecta al mayor número de personas en el mundo".
"La misoginia no es solo una sistemática discursiva, es una práctica que suspende derechos, que arrasa con la dignidad individual y colectiva de las mujeres, suspende la igualdad de trato y, en definitiva, suspende los derechos a las mujeres a ser iguales", ha asegurado en su intervención.
En este sentido, ha añadido que el discurso misógino "niega dignidad e igualdad de derechos a las mujeres". Así, ha expuesto que el discurso y las discriminaciones misóginas no tienen la misma virulencia en todas las partes del mundo, pero ha afirmado que se trata de una práctica de hostilidad hacia las mujeres que está arraigada culturalmente. "También en las democracias avanzadas", ha apuntado.
Igualmente, ha destacado que este tipo de discursos no tienen reproche penal, pero ha agregado que contravienen "de forma grave" los principios rectores de la igualdad.
En este sentido, se ha referido a la misoginia que se lleva a cabo a través de "comentarios normalizados de desprecio" en foros, redes digitales y en la industria audiovisual. "Son espacios de instigación, de incitación a la violencia hacia las mujeres plagados de desafíos a la igualdad de derechos que legitiman y alientan prácticas no siempre delictivas pero siempre socialmente dañinas", ha subrayado.
Asimismo, en el marco de las estrategias para combatir los discursos y delitos de odio, ha precisado que debe incluirse la implantación de leyes enfocadas a frenar la práctica prostitucional, ya que "es un factor clave en el sostenimiento de la misoginia". "Desde mi organización, ya no podemos ya no podemos esperar más tiempo si queremos construir una sociedad libre de violencia de odio y de explotación", ha indicado.
Unión de los grupos para dar respuesta a las víctimas
Finalmente, ha llamado a que los grupos parlamentarios se unan "para dar respuesta a todas y cada una de las personas que están pasando por esta situación de explotación de trata y de prostitución".
En el turno de portavoces, la socialista Andrea Fernández se ha referido a los hombres que recurren a la prostitución y ha señalado que "pensar que existen puteros que son perfectos clientes" es "vivir de espaldas a la realidad". Así, Mora ha precisado que estas personas son varones de muchísimas edades que "quieren dominar, que quieren acceder a los cuerpos de las mujeres" y que solo se preocupan de su "satisfacción".
Jaime de los Santos, del PP, ha instado a los Ministerios de Interior, de Exteriores, de Justicia, de Igualdad y al de Sanidad a dar "un paso al frente" ante la "violencia sanitaria" que sufren las mujeres prostituidas.
La diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha defendido que "es esencial escuchar y respetar las voces de quienes ejercen la prostitución garantizando su autonomía y acceso a derechos fundamentales". Por ello, ha propuesto programas integrales de apoyo que incluyan servicios de salud especializado, capacitación laboral que facilite "alternativas viables" para quienes deseen abandonar esta situación y "legislaciones claras" que protejan "de manera efectiva" contra la explotación y la discriminación.
Finalmente, Rocío Aguirre, de Vox, tras hacer un repaso por las cuentas de la asociación ha concluido que "a más inmigración ilegal, más delitos sexuales, más subvenciones para erradicar delitos, más impuestos para pagar las subvenciones, más déficit y en consecuencia menos ahorro para las familias menos inversión y menos trabajo".
