La Fiscalía Anticorrupción ha informado a la Audiencia Nacional a favor de que el Tribunal Supremo investigue al eurodiputado Alvise Pérez por supuesta financiación ilegal de su agrupación de electores, Se Acabó La Fiesta (SALF), en la campaña de las elecciones europeas del pasado junio.
Según han informado fuentes fiscales, así lo sostiene el Ministerio Público en un informe entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, quien investiga a Álvaro Romillo, el empresario imputado por presunta estafa en relación a la plataforma Madeira Invest y que ratificó ese día haber entregado 100.000 euros al eurodiputado para la campaña electoral.
Al ser Alvise Pérez diputado en el Parlamento Europeo —su agrupación sacó tres escaños—, está aforado ante el Supremo, de modo que Anticorrupción ve conveniente que sea este tribunal el que investigue, al haber encontrado indicios de delito contra el agitador de ultraderecha.
En este contexto, la Audiencia Nacional se dirigirá al Parlamento Europeo para confirmar que Alvise Pérez es eurodiputado antes de enviar al Tribunal Supremo la causa. Ese trámite, apuntan las citadas fuentes, será el paso previo antes de que el magistrado remita al alto tribunal la investigación sobre el pago de Romillo, alias 'Cryptospain', al eurodiputado.
Esa investigación es en realidad una pieza separada dentro de la causa en la que el juez Calama investiga al propio Romillo por la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club, un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable.
El empresario aseguró el pasado miércoles ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.