El 8 de diciembre de 2023, el Toconao, un carguero de bandera liberiana, perdió seis contenedores frente a las costas de Portugal. Uno de ellos llevaba 26 toneladas de pellets. Esas minúsculas bolitas de plástico comenzaron a llegar a las costas de Galicia. Hubo tormenta política porque se creyó que aquello podía tener la dimensión de otro Prestige. Pero no fue así.
Ocurrió a 40 millas náuticas de la costa portuguesa, a la altura de Viana do Castelo, un municipio a unos 20 kilómetros de la frontera con Galicia. El portacontenedores transportaba cargamento de la empresa Bedeko Europe, compañía polaca especializada en producción y distribución de aditivos y polímeros.
El Toconao perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas y vertió al mar más de 26 toneladas de pellets de plástico. Uno de los contenedores llevaba 1.050 sacos de esas pequeñas bolitas de plástico, de 25 kilos cada uno. El barco también perdió otros cinco contenedores que llevaban pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio y rollos de papel film.
Los pellets son la materia prima con la que se fabrican los productos plásticos. Esas bolitas son las que luego fueron apareciendo en las playas gallegas y en menor medida en las de Asturias y Cantabria.
Denuncias, diligencias... ¿pero hay caso?
Eso fue lo que ocurrió. A las pocas semanas, varias organizaciones ecologistas y Podemos presentaron denuncia por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por parte de la armadora del Toconao.
En enero, tanto la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado como el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Noia abrieron diligencias. Pero parece que el caso puede quedar en nada.
El pasado agosto, Antonio Vercher, fiscal jefe de Medio Ambiente, afirmó en una entrevista en el diario El País que finalmente el vertido de bolitas de plástico "tenía muy poca entidad". De modo que el caso "si no está archivado, está a punto de ser archivado", aseguró.
"Se han hecho pruebas e investigaciones de las unidades técnicas correspondientes y se comprobó que era simplemente un contenedor. Además, había estudios contradictorios sobre la peligrosidad que tenía el vertido. Por lo tanto, su importancia ha quedado reducida a lo mínimo", explicó Vercher.
Sigue la denuncia en el Juzgado de Noia
La Xunta de Galicia celebraba la noticia del "casi" archivo de la causa. "Nos congratulamos de que la Fiscalía coincida con lo que, desde un primer momento, dijo la Xunta, que se trataba de un contenedor de pélets que no eran peligrosos, aunque no son buenos para el medio ambiente", dijo la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Pero las diligencias abiertas por el Juzgado de Noia han seguido en marcha. Ha sido gracias a la denuncia de Ecologistas en Acción, que tras las declaraciones del fiscal de Medio Ambiente pidió a los Gobiernos central y gallego que se personaran como acusación en la causa abierta por el daño ambiental y patrimonial causado por el vertido de pellets.
Ecologistas en Acción, que calificó de "muy negativo" que la fiscalía de Medio Ambiente vaya a archivar el caso, solicitó al Juzgado de Noia que impusiera una fianza de 10 millones de euros a la naviera del Toconao.
Que el armador pague los gastos
Condena o no, alguien deberá pagar los gastos. Es lo que piensa el Gobierno central, que, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha pedido a la armadora del Toconao que abone el coste de la limpieza de las minúsculas bolitas de plástico.
En noviembre, por una respuesta parlamentaria, supimos que el Ejecutivo, por medio de la Dirección General de la Marina Mercante, ha reclamado los gastos al armador. Se refiere a lo que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) se gastaron en los trabajos de limpieza y también en las labores de avistamiento desde el aire de la carga extraviada.
Ambos elaboraron un documento con la cuantía global de los daños reclamados. Luego se procedió a la incoación de un procedimiento de reclamación de responsabilidad por contaminación. Al representante del armador del Toconao se le enviaron las facturas para que alegase lo que considerase oportuno, "teniendo en cuenta que el mismo ha colaborado en todo momento contratando a dos empresas para la limpieza de las playas", recordaba el Gobierno.
El Ejecutivo solicitó luego una serie de aclaraciones tanto al Ministerio como a Sasemar. "Una vez se respondan esas aclaraciones, el armador podrá formular alegaciones a los importes de las facturas y corresponderá a Transición Ecológica y a Sasemar valorarlas y tomar la decisión definitiva sobre la cuantía de esos gastos, que será la que se plasme en la resolución que ponga término a este procedimiento", explicaba el Gobierno en su respuesta parlamentaria de noviembre.
