El Gobierno de España ha dado un paso más en su lucha contra las estafas telefónicas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios de las llamadas comerciales no deseadas y las prácticas fraudulentas que afectan a miles de personas cada año.
Entre las nuevas disposiciones destaca la prohibición de las llamadas comerciales realizadas desde teléfonos móviles, un movimiento que busca limitar uno de los canales más utilizados para el spam telefónico. A partir de la implementación de esta norma, las empresas que realicen este tipo de comunicaciones deberán ajustar sus métodos, priorizando otros canales más regulados.
Además, López subrayó que los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear las llamadas y mensajes de texto que, pese a utilizar numeración nacional, tengan su origen en el extranjero. Esta medida tiene como objetivo frenar una táctica habitual de los estafadores, que utilizan tecnologías para falsear la procedencia de las llamadas, aparentando que son locales para generar confianza en los destinatarios.
El ministro destacó que estas iniciativas forman parte de un marco más amplio de protección al consumidor que entrará en vigor en los próximos meses y que busca reducir drásticamente las denuncias de usuarios que, a diario, reciben llamadas no solicitadas con fines comerciales o fraudulentos.
400.000 quejas sobre estafas en un año
Según datos proporcionados por el Ministerio, en el último año se han registrado más de 400.000 quejas relacionadas con estafas telefónicas y otras formas de spam. Este tipo de prácticas se ha intensificado con el aumento de la digitalización y el teletrabajo, dejando a millones de ciudadanos expuestos a este tipo de amenazas.
López enfatizó que el Gobierno seguirá trabajando en colaboración con las operadoras y las autoridades de protección de datos para asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas y garantizar que los derechos de los usuarios se vean protegidos frente a este tipo de abusos. Estas medidas se suman a otras acciones legislativas previas, como la restricción de las llamadas comerciales en determinados horarios y el derecho de los usuarios a darse de baja de estas listas de contacto de manera rápida y eficaz.
El anuncio del ministro llega en un contexto en el que la preocupación por la privacidad y el uso indebido de los datos personales sigue creciendo, impulsada en gran parte por las prácticas abusivas de ciertas empresas y los riesgos asociados a las estafas internacionales. En este sentido, las autoridades han señalado que el marco regulador será revisado y actualizado periódicamente para adaptarse a los nuevos métodos que los delincuentes puedan desarrollar.
Con estas medidas, el Gobierno espera no solo reducir las estafas, sino también mejorar la confianza de los usuarios en los canales de comunicación digitales y telefónicos. Las operadoras ya se preparan para implementar los cambios, que requerirán ajustes tecnológicos y operativos para cumplir con los nuevos requisitos de bloqueo de llamadas y mensajes no deseados.
Las medidas anti llamadas spam, de un vistazo
- Prohibición de llamadas comerciales desde móviles: las empresas ya no podrán realizar llamadas comerciales utilizando teléfonos móviles.
- Bloqueo de los números no asignados: se bloquearán las llamadas provenientes de números que no estén asignados a ningún cliente, operador o servicio.
- Bloqueo de llamadas y SMS de numeración nacional con origen internacional: los operadores deberán bloquear automáticamente este tipo de comunicaciones para evitar estafas que utilizan tecnología de falsificación de origen.
- Creación de una base de datos, que gestionará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con los usuarios que utilizan alfanuméricos en sus mensajes. Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados.
- Colaboración con operadoras y autoridades: el Gobierno trabajará junto a las operadoras de telecomunicaciones y autoridades de protección de datos para garantizar el cumplimiento de las nuevas normativas.
