El pulso entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el PSOE no pierde vigor. Ábalos ha reclamado a la dirección federal del partido su readmisión como militante socialista al considerar que el expediente de expulsión a raíz de la imputación del que fue su mano derecha, Koldo García, está "paralizado y ha caducado". Los socialistas se remiten a los estatutos y el reglamento del partido, que no establecen un periodo máximo para su resolución y alegan que al ser una expulsión "cautelar" cabe un tiempo de "escucha" al afectado.
La tensión entre ambos fue a más en las últimas semanas, después de que su sucesor en Transportes, Óscar Puente, decidiese impulsar una auditoría interna cuyos resultados comprometen a Ábalos y que ya están en manos del juez que investiga la causa. Ante ello, el que fue exsecretario de Organización del partido comenzó a elevar el tono contra la Dirección socialista, a quien acusa de "linchamiento" y también hizo patentes sus críticas en el Congreso, donde rompió la disciplina de voto en varias iniciativas.
Ahora Ábalos solicita que el PSOE le readmita como militante en un escrito dirigido a la Ejecutiva Federal del PSOE y a la que ha tenido acceso EP. En el mismo pide que se le reintegren todos sus derechos como afiliado y se ponga fin al expediente abierto en el mes de febrero. El mismo ordenaba la suspensión cautelar de militancia y buscaba que Ábalos dimitiese como diputado, pero como este se negó, fue expulsado del Grupo Parlamentario Socialista y pasó al Mixto.
El exministro denuncia que su expediente esté "paralizado", ya que el instructor no se ha pronunciado sobre si admite o no las pruebas solicitadas y tampoco le han comunicado los cargos que le atribuyen. Aunque admite que los estatutos y el reglamento del PSOE no establecen un periodo máximo para la resolución de un expediente, alega que esta omisión "no puede amparar a la organización para mantener sine die un expediente abierto con suspensión cautelar que perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado".
Ante la falta de concreción en las normas internas del PSOE, el diputado recurre al régimen administrativo común, que establece un máximo de seis meses para resolver un expediente. Señala además la "inactividad absoluta" del PSOE respecto a su expediente, por lo que considera que debe decretarse la "caducidad" del mismo, que "dejaría automáticamente sin efecto la suspensión cautelar de militancia", de modo que recuperaría de inmediato todos sus derechos como afiliado.
Fuentes de Ferraz no dan detalles del expediente alegando su deber de proteger los datos del que es un "afiliado suspendido". Se remiten a los estatutos, que efectivamente no establecen ningún periodo para resolver el expediente, aunque recuerdan que, al ser una suspensión cautelar, existe un periodo de "escucha" al afectado antes de tomar una decisión.
Desde las altas instancias socialistas evitan pronunciarse sobre este asunto aunque, en lo que se refiere a sus aspavientos, los vinculan con su "enfado" pero confían en que seguirá alineado con el PSOE en sus votaciones.
