La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha descartado este martes transferir a la ciudadanía el pago de 20.000 millones de la 'tasa Enresa', en contra de cuya subida protestan las propietarias de las centrales nucleares como uno más de los impuestos que han provocado una "asfixia" fiscal que les hace imposible seguir operando más allá del calendario planteado de cierre.
Aunque el año pasado su Ministerio subió un 30% la cantidad que tienen que pagar para la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las centrales, Aagesen ha dicho que no es impuesto para enfatizar que "el Gobierno no ha subido los impuestos a las centrales nucleares", en un contencioso que este lunes subió un escalón más con la carta que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que el Ejecutivo asuma la gestión de Almaraz —la central cacereña que cerrará en primer lugar según el calendario establecido— "si no reconsidera una bajada de impuestos".
"Me gustaría ser supercontundente en la respuesta. Este Gobierno no ha subido los impuestos a las centrales nucleares, la información tiene que llegar al ciudadano", ha dicho Aagesen, que no se ha manifestado sobre la idea de Guardiola de transferir Almaraz al Estado desde sus propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy—. La vicepresidenta tampoco se ha pronunciado sobre los impuestos estatales y autonómicos por los que, si no se bajan, las propietarias de las centrales rechazan continuar más allá de la fecha de cierre establecida, y se ha limitado a hablar de la 'tasa Enresa', que ha insistido en que deben pagar las propietarias en virtud del principio de que quien contamina paga.
"No es un impuesto, es el coste de la gestión de los residuos radioactivos y del desmantelamiento de las centrales nucleares", ha recordado Aagesen, sobre "20.000 millones que tienen que poner encima de la mesa las empresas propietarias" porque, "de no ser así, lo tendría que pagar la ciudadanía en su conjunto y eso no cumple con el principio de quien contamina paga que aplicamos en España y el resto de países en sus centrales nucleares".
El sector nuclear también diferencia entre impuestos -como el que grava la generación eléctrica o el IBI, por ejemplo- y la 'tasa Enresa', pero los une en su negativa a seguir pagando unos gravámenes que sostiene que son el principal coste de las centrales. En concreto sobre la 'tasa Enresa', el Gobierno la subió el año pasado hasta los 10,36 euros por megavatio hora producido en ella —un 30% más frente a los 7,89 euros/MWh anterior— y las propietarias de las centrales tienen recurrida la subida ante el Tribunal Supremo.
En todo caso, Aagesen se ha mantenido en que "este Gobierno no ha aumentado los impuestos" y que lo que ha hecho es "de manera responsable, poner encima de la mesa una gestión de residuos y desmantelamiento de las centrales que tiene un coste y que lo tienen que pagar las centrales nucleares".
