La mayoría parlamentaria que reunió Pedro Sánchez hace casi un año se resiente por los continuos embistes de los que eran sus socios en una legislatura que ya se sabía difícil. El Gobierno ya no tiene garantizados los 178 apoyos con los que pretendía legislar hasta 2027. Podemos fue la primera formación en fracturar el bloque pero, sin duda, el mayor dolor de cabeza de los socialistas en el último año ha sido Junts, que lejos de ofrecer su respaldo a la mayoría progresista, amenaza día sí y día también con tumbar normas de tanto calado como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El bloque se presenta resquebrajado al inicio del curso político, lo que pone en cuestión el objetivo del Gobierno de agotar la legislatura.
Los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont nunca fueron una opción segura. Si bien permitieron que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno, nada resultó fácil a partir de ese momento. La incertidumbre se convirtió en la tónica general de todas las votaciones, que muchas veces acababan con los socialistas mal parados y, por lo tanto, el Ejecutivo más debilitado. No hubo ninguna norma fácil de tramitar, ni tan siquiera la ley de amnistía, que fue parte del precio a pagar por el Gobierno para investir a Pedro Sánchez.
Consciente de esa tendencia y de sus posibilidades, el Ejecutivo renegó de los Presupuestos Generales de 2024 en cuanto se supo del adelanto electoral en Cataluña, augurando la incompatibilidad de la campaña electoral con una negociación de ese calibre en el Congreso en la que necesitaba tanto a Junts como a ERC.
Pero la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa, en Cataluña hizo más que empeorar las relaciones con Junts, que ante la pérdida de poder en Cataluña presiona al Gobierno desde el Congreso de los Diputados. Lanzó el primer aviso a navegantes en junio, en cuanto percibió el acercamiento entre el PSOE y ERC. Entonces tumbó la senda de déficit aprobada por el Gobierno, el paso previo para tramitar los Presupuestos, y advirtió de que volvería a hacerlo. Ahora que el Ejecutivo insiste en volver a presentarla, Junts parece mantener su posición, más después de que el Tribunal Supremo rechace aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont.
Moncloa reconoce la crisis por la que pasa con esta formación. Tanto es así que Sánchez llegó a decir que la coalición resistiría con o sin apoyo de la oposición y con o sin "concurso del legislativo". Fuentes del Gobierno aseguran que hay contactos telefónicos con los posconvergentes y que no ven sus desplantes como una "amenaza", sin embargo, las derrotas parlamentarias evidencian lo contrario. Junts amenaza seriamente la viabilidad de la legislatura.
Socios inconsistentes
Pero además de los siete diputados de Junts, sin los cuales ya no alcanza la mayoría parlamentaria de la investidura de Sánchez, el Gobierno también ha sufrido la inestabilidad en otros apoyos. Es el caso de sus socios de Podemos, que rompieron con Sumar al inicio de la legislatura. El pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue un punto de inflexión para los morados, por lo que sus cinco diputados se autoincluyeron en la lista de socios inconsistentes del Gobierno.
Sin embargo, no han sido los únicos que han dejado claro a Sánchez que sus apoyos no están asegurados. El PNV votó junto con el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria en una iniciativa presentada por el PP en el Congreso para reconocer a Edmundo González como presidente electo. Si bien los jeltzales aseguran que su intención no es dar ningún toque al Gobierno y defienden que votaron a conciencia en esta iniciativa sobre Venezuela, el momento no podía ser menos idóneo para los socialistas.
Y hay un diputado más con el que el Gobierno contaba al inicio de la legislatura y ya no lo hace. Se trata del exministro socialista José Luis Ábalos, que tras su marcha al grupo mixto por la imputación del que fuera su mano derecha, Koldo García, por la trama de corrupción que lleva su nombre, inició un pulso con el Gobierno que Ábalos intenta escenificar en el Congreso. La semana pasada se alejó de la posición socialista hasta en tres votaciones, lo que no condena al bloque de investidura, pero sí lo castiga con un apoyo menos en un momento de debilidad parlamentaria.
