El cabecilla de la trama de corrupción vinculada al PP Francisco Correa y el expresidente del Real Madrid y la constructora Martinsa, Fernando Martín, han confesado que el segundo pagó al primero una comisión de 25 millones de euros por su intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en Madrid, le adjudicara unas parcelas para construir viviendas.
La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio a una veintena de acusados del desarrollo de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en el que algunos han presentado escrito de reconocimiento de hechos para ver rebajadas sus posibles condenas, entre ellos el propio Martín.
Los dos primeros acusados en ratificar su confesión en la vista han sido Correa y Pablo Crespo, ex dirigente del PP y miembro de la red, quienes han reconocido el contenido del escrito de la fiscal en relación a dicha comisión de Martinsa.
Así, han reconocido la adjudicación a las empresas de Gürtel de contratos por más de un millón de euros y el pago a cambio al exalcalde de Arganda del Rey Giñés López, del PP, en efectivo y en especie por 545.328 euros entre 2002 y 2008.
Adjudicación de contratos
En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal expone cómo Correa habría convenido el pago de comisiones con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda a cambio de la adjudicación de contratos públicos desde 1998 y durante las legislaturas en las que gobernó el PP.
Menciona, por ejemplo, que a cambio de "su intermediación y favorecimiento" de adjudicaciones, el exconcejal del municipio y exdiputado madrileño del PP Benjamín Martín habría percibido de la trama regalos en efectivo y en especie por 363.295 euros entre 2000 y 2008; y el exalcalde Ginés López por 545.328 euros entre 2002 y 2008.
Gracias a "irregulares adjudicaciones", las empresas de Correa obtuvieron contratos de 1,2 millones de euros, y un beneficio de, al menos, 189.991 euros, según Anticorrupción. La Fiscalía sostiene también que Correa, Crespo y otro acusado relacionado con la trama, Ramón Blanco, habrían convenido con el exalcalde y el exconcejal "el cobro de una comisión" de al menos 25 millones de euros que habría sido abonada, presuntamente, por Fernando Martín.
Según el juez que investiga el caso, en esta causa los funcionarios acusados habrían colaborado con los políticos en los procesos de contratación emitiendo informes técnicos amañados, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos. El ministerio fiscal se dirige así contra los acusados por delitos como prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, contra la hacienda pública, insolvencia punible o malversación.
