La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con su plan para condonar 83.252 millones de euros de la deuda autonómica. El modelo busca corregir el exceso de endeudamiento que las regiones acumulan desde la pasada crisis financiera, que puedan destinar esos recursos a los servicios públicos (con la quita se ahorrarán entre 5.000 y 7.000 millones), así como compensar a las peor tratadas por el actual sistema de financiación. Sin embargo, el plan introduce dos factores que 'distorsionan' sus efectos.

A la hora de fijar cómo se reparte la quita entre las autonomías se toman en cuenta cuatro criterios. Dos de ellos, la merma de recursos que los territorios acumulan a causa de un modelo de financiación caducado desde 2014 -y que ha generado agravios notables- y el de población ajustada (que tiene en cuenta sus necesidades según aspectos como el envejecimiento, la dispersión...) "tienen sentido", en opinión de Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El que fuera experto de la comisión de sabios que el exministro Cristóbal Montoro creó para diseñar una propuesta de reforma de la financiación considera, sin embargo, que los otros dos criterios incorporados "distorsionan mucho" el resultado final del reparto y no son razonables. Discrepa, en concreto, con el hecho de que el Gobierno haya incorporado una prima especial para las autonomías más endeudadas y a las que subieron el IRPF para cuadrar sus cuentas entre 2010 y 2022.

"El Gobierno Central debería ser neutral con respecto a la decisión de las comunidades autónomas de subir o bajar impuestos con el margen que tienen", sentencia a este diario. Es un mecanismo que "mezcla muchos criterios para conseguir un resultado: situar a Cataluña en una posición de condonación de su deuda similar a la de las cuatro autonomías más perjudicadas por el sistema de financiación", sostiene a este diario Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también investigador en Fedea.

Esta condonación es un traje a la medida de muchos maniquíes. No es arbitraria, pero sí discrecional

Las dos autonomías más beneficiadas serían Andalucía y Cataluña, puesto que el Estado asumiría 18.791 millones en el caso de la primera (el 22,6% del reparto total de la condonación y un 47% de su endeudamiento actual) y 17.104 millones en el de la segunda. El gobierno de la Generalitat accedería a un 20,5% del reparto. "Es un traje a medida de muchos maniquíes. No es un sistema arbitrario, pero sí discrecional, que no sigue un patrón claro" añade Martínez López.

Otro de los expertos consultado añade a lo anterior el caso de Canarias, que tras la aplicación del mecanismo quedaría mejor en términos de deuda que las dos haciendas forales. Sucede, apostillan, con una comunidad que está muy bien financiada con el modelo actual (lo está por encima de la media) y que no tiene prácticamente déficit ni deuda. "Parece el efecto colateral de haber hecho un traje a medida para Cataluña y Andalucía", sentencia.

La trampa de las autonomías peor financiadas

El economista incide, además, en que para ver el impacto que el ciclo económico tiene sobre las finanzas de las regiones (es el punto de partida del plan diseñado por Hacienda) sería más correcto emplear el método del saldo estructural y cíclico que utiliza Fedea. De la Fuente añade que el modelo que hoy votarán las autonomías en el marco del Consejo de Política Fiscal ofrece a Murcia y Comunidad Valenciana un 30% menos de margen del que les otorgaría otro basado sólo en la infrafinanciación y en la población ajustada.

En el caso de Andalucía le da un 15% menos, mientras que a Cataluña le concede un 90% más de lo que tendría si no se tuvieran en cuenta esos otros dos factores a los que se refería (el endeudamiento y la subida en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta).

Un informe elaborado recientemente por el 'think tank' próximo a CEOE mostraba cómo precisamente Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro autonomías de régimen común que se ven más penalizadas por el modelo de financiación actual.