El Gobierno y Junts siguen negociando discretamente la cesión de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, y esas conversaciones han registrado en las últimas semanas bastantes avances. Pero, este martes, la Moncloa lanzó un aviso a los independentistas catalanes: el límite que no va a traspasar "es la Constitución", que establece expresamente que las competencias relativas a "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" corresponden al Estado y son indelegables.
Así lo planteó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el inicio de la tramitación de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A preguntas de los periodistas, Alegría aseguró que la negociación con Junts sobre el traspaso de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña sigue adelante de manera "discreta", e incluso se felicitó de que, en los últimos días, "se han dado pasos y la cuestión está bastante avanzada", por lo que "se informará" públicamente cuando se cierre un acuerdo.
No obstante, preguntada expresamente por si son traspasables competencias como la gestión de las fronteras, las deportaciones o la aprobación de los permisos de residencia para extranjeros, la ministra portavoz dejó claro que "toda negociación tiene un paraguas, que es la Constitución". Esa limitación choca con las aspiraciones de Junts, que insistió hace unos días por boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, en que el acuerdo que firmaron con el PSOE el año pasado es la "delegación integral" de las competencias, y eso "significa que los Mossos tengan competencias plenas en materia de inmigración".
Este desacuerdo supone ahora mismo uno de los principales puntos de fricción en la negociación, puesto que, hace tan solo unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que la línea roja para el Estado es el control de fronteras, la regulación de flujos migratorios o la expulsión de extranjeros. Hasta el momento, Marlaska solo se muestra dispuesto a ceder las competencias en el plano asistencial y de atención a los migrantes, lo cual ha molestado a Junts, que ha sugerido incluso el cese del ministro.
Junts mantiene la presión
El aviso público de la Moncloa de que no puede traspasar a Cataluña las competencias que la Constitución fija como exclusivas del Estado se produce apenas unos días después de que el secretario general del Junts, Jordi Turull, diera una nueva vuelta de tuerca a la presión de su partido contra el Gobierno y le otorgara un plazo de un mes y medio para cumplir los "acuerdos pendientes", entre ellos la delegación de las competencias migratorias. Si pasado ese tiempo no se han cerrado estos pactos, amenazó Turull, Junts retirará su confianza al Ejecutivo, aunque el dirigente independentista no aclaró en qué podría traducirse esa retirada.
Este martes, no obstante, el Congreso dio luz verde a tramitar la proposición no de ley a través de la cual Junts quiere exigir al presidente Pedro Sánchez que someta su cargo a votación en la Cámara Baja. Esa iniciativa aún no tiene fecha para su debate, e incluso si saliese adelante Sánchez no estaría obligado a presentar una cuestión de confianza, pero su crédito quedaría muy tocado. Y el domingo pasado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dejó claro que "la proposición no de ley debe mantenerse" y que Junts no se plantea "retirarla en ningún caso". "Merece la pena que el debate se haga y que se vote, también", zanjó.
