Grandes empresas internacionales de autocar como Eurolines y Flixbus y compañías medianas y pequeñas agrupadas en la Confederación Nacional de Pymes y Direbús se han aliado con diversas asociaciones de jóvenes y vecinales para pedir una "transformación" del sistema de concesión para operar las rutas de autocar en el que desde hace décadas mantienen la 'hegemonía' las grandes compañías españolas que, como Avanza o Alsa, están agrupadas en la patronal del sector, Cofebús. Forman parte de la alianza "Viaja más en autobús" que, desde un enfoque más popular, pide una apertura del transporte en autocar similar a la del tren, con lo que esperan también precios más bajos de los billetes y más rutas. Desde un punto de vista más empresarial, reclaman que España legalice por fin el cabotaje, que permitiría a las operadoras internacionales sin concesión en su territorio hacer paradas para recoger y dejar pasajeros, y los autobuses compartidos, que permitiría que un autobús contratado para un servicio discrecional pueda vender billetes para las plazas que quedan sin ocupar.
La alianza "Viaja más en autobús" se ha pasado este jueves por Madrid, en un autobús que ha circulado desde las estaciones de Atocha a Chamartín y con parada en el Congreso, donde en estos momentos se tramita la Ley de Movilidad Sostenible que determinará cómo quedan sus reivindaciones sobre cabotaje o autobús compartido. La última parada ha sido el Ministerio de Transportes, donde han entregado 38.000 firmas recogidas a través de change.org.
Según ha explicado la portavoz de la alianza, Elsa Arnaiz, piden "transformar el sistema de concesiones de media y larga distancia" de autocar, "que se transforme como se ha hecho con el tren". Defienden también que estos cambios tienen que redundar en una rebaja de los billetes de autocar, que son "el doble" de caros que en Portugal o Italia.
"En España ahora mismo tenemos unos billetes el doble de caros, tenemos precios exorbitadamente caros en comparación con la UE y con el mismo tren", afirmaba Arnaiz, que apunta a que el autobús "a veces cuesta lo mismo que ir en tren" cuando "debería ser una opción mas barata porque lo utilizan colectivos más vulnerables".
Apertura del mercado y rechazo de la patronal
Este colectivo tan diverso, formado por asociaciones de jóvenes y de vecinos y de empresas grandes y pequeñas y nacionales e internacionales no tienen una posición común sobre cómo debería transformarse el sistema, pero sí que debería desembocar en "abrir nuevas rutas, cumplir con la regulación de cabotaje de la UE y que se pueda empezar a promover el autobús compartido".
Para ello, es clave cómo quede finalmente la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita en el Congreso, en la que se juegan intereses de actores muy diversos, con intentos de los distintos grupos de permitir cierta apertura del mercado según funciona en la actualidad, en contra de la visión de la patronal del sector, Confebús, que rechaza que el sector esté cerrado y recuerda que en España hay 1.377 de concesiones estatales y autonómicas para operar rutas de autobús, que tienen 650 empresas que han "ganado un concurso" para ello.
Es la segunda vez que se tramita un texto que decayó en la pasada legislatura por la convocatoria electoral del 23 de julio de 2024 y que, después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no modificó en el actual segundo intento. Por eso, mantienen Por una parte, el texto legislativo mantiene un polémico artículo -el número 50- que abre la puerta a que las líneas de autobús estatales puedan prestarse en "en régimen de libre competencia". Es algo a lo que se opone rotundamente la patronal y las empresas concesionarias y en lo que tampoco creen del todo ni el Gobierno ni grupos como el PP, que ha presentado una enmienda para reducir su alcance y que se hable en su lugar de "no exclusividad".
Cabotaje y autobús compartido
Por ejemplo, las empresas internacionales que apoyan la Alianza que hoy ha registro miles de firmas ante el Ministerio abogan por que, como defienden en sus enmiendas Sumar, Bildu o BNG se introduzca la posibilidad del cabotaje, de forma que rutas internacionales operadas por empresas que no tienen concesiones en España puedan hacer paradas en su territorio para recoger y dejar pasajeros, algo que no pueden hacer en la actualidad.
La Alianza también aboga por otra cuestión que beneficiaría a las pequeñas empresas de autocar, que suelen contratarse para viajes discrecionales y que reclaman que sea posible que vender billetes por las plazas que queden libres. Se trata del "autobús compartido" que figura en las enmiendas presentadas por otros grupos y que todavía está por ver si, al final de la tramitación, se hará oficial en la nueva ley. Este jueves, la portavoz ha abogado por que "Cuando un particular pide un autobús para cubrir una ruta y tiene plazas vacías que el resto pueda llenarlas" vendiendo billetes a personas ajenas al alquiler de este autobús.
Más rutas de autocar
El Congreso y el Ministerio de Transportes ha sido la primera parada del autobús de esta alianza que también tiene previsto pasar por las distintas comunidades autónomas, que serán actores importantes en otro de los elementos que contienen la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye un mandato para reformar el actual mapa de concesiones de autocar de las rutas estatales, que data de 1937 y que ha quedado obsoleto. La intención del Ministerio es 'adelgazar' las rutas estatales, entre distintas comunidades y con menos paradas para que sean más rápidas y atractivas para el público. La supresión de paradas que esto comportará -un 83%, según han planteado a los gobiernos regionales- deberán ser asumidas por las comunidades, a las que conmina a reformar sus propios mapas concesionales para crear rutas que vertebren sus territorios. Este plan cuenta con el rechazo de autonomías como Galicia, Extremadura o Andalucía, que denuncian la desaparición de paradas.
Sobre esta cuestión, la alianza "Viaja más en autobús" pide un "cambio" para que haya "más rutas", que no sean radiales -es decir, tengan que pasar por Madrid- y que puedan aspirar a ser concesionarias de las rutas empresas que ahora quedan fuera. "Muchos de los requisitos que se identifican para las concesiones solo las pueden cumplir quienes ya las tienen", afirma Arnaiz.
