Muface afronta unas semanas decisivas. La ampliación del plazo por 13 días más, hasta el 27 de enero, para adjudicar el contrato, cuando Asisa se había quedado como única opción para los próximos dos años, ha elevado las dudas sobre su posible desaparición. Mientras Asisa sigue analizando las condiciones de la oferta para valorar si lo puede asumir en solitario, la incertidumbre por la situación es máxima y mantiene en vilo tanto a mutualistas como a los centros médicos de la sanidad privada, que ven comprometida parte importante de su facturación.
En concreto, sería en las provincias de menor población en las que el impacto de un hipotético escenario de desaparición de Muface sería de mayor calado. La heterogeneidad existente en cuanto a la representación de mutualistas a lo largo de todo el territorio nacional expone directamente a los centros de las ciudades más pequeñas, cuyos ingresos dependen en buena parte de este sistema. Unipromel, la asociación que engloba a los médicos que ejercen la profesión como autónomos, avisa de que Muface supone hasta el 40% de la cifra de negocio en las instalaciones sanitarias ubicadas en dichas geografías.
La advertencia se apoya en el hecho de que en las provincias con menos habitantes la ratio de mutualistas sobre el total de asegurados es más elevada. Según recoge un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), la proporción de mutualistas sobre el total de asegurados es bastante dispar a lo largo del territorio español, con porcentajes que abarcan desde el 5% a casi el 30%. Regiones como Ávila (28%), Jaén (27%) o Zamora (26%), que lideran la clasificación en este sentido, se encuentran más expuestas en caso de extinción de Muface.
Pero no son las únicas. Hasta un total de 24 provincias contabilizan una cuota por encima del 20%. Entre ellas figuran Cádiz, Murcia, que concentran un 26% cada una, pero también Cáceres (25%), Badajoz (23%), Ciudad Real (23%), Cuenca (23%), León (24%), Soria (24%), Cantabria (22%) o Valladolid (20%). Dentro de esta lista también se incluye todo el territorio de Galicia en contraste con otras zonas como la Comunidad de Madrid (11%); País Vasco, que abarca desde el 9% de Álava al 5% de Vizcaya; así como Cataluña, donde la proporción de funcionarios bajo el paraguas de Muface sobre el total de personas aseguradas oscila desde el 5% de Barcelona al 10% de Lérida.
La crisis de Muface se originó, precisamente, a raíz de las dudas en torno a su viabilidad después de computar una pérdida conjunta de 430 millones a SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa. Ahora la encrucijada por la que atraviesa este modelo puede poner en aprietos a las clínicas que operan en dichas geografías. Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, explica que los centros localizados en núcleos urbanos de mayor tamaño tardarían menos en recuperarse debido al bajo peso del sistema en su nivel de actividad.
Tranquilidad en el seno del Gobierno
A pesar del revuelo generado tras la decisión de DKV de no concurrir, al igual que SegurCaixa Adeslas, el Ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha hecho un llamamiento a la calma y confía aún en lograr un acuerdo, que es uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno. Esta tranquilidad choca con la tensión existente entre los sindicatos y las diferentes asociaciones que representan a los empleados públicos, quienes viven la situación desde la incertidumbre.
Ana Ercoreca, la presidenta de Fedeca -asociación que representa a los altos funcionarios de la Administración Civil del Estado- critica las declaraciones realizadas por el ministro, que se ha abierto a plantear reformas una vez tenga atada la contratación del próximo trienio. En su opinión, esta situación agrava "la preocupación ya existente" entre el colectivo de los trabajadores públicos, especialmente entre los funcionarios jubilados, dado que son los que tendrían más dificultades a la hora de contratar una póliza de seguro privada.
También pone el foco en los más de 8.000 funcionarios que viven en el extranjero y cuya cobertura sanitaria se encuentra en manos de DKV Internacional. La aseguradora, que no quiere continuar prestando el servicio, está abierta a a prestar este servicio a los funcionarios en el extranjero por un año más. Su propuesta se conoce en medio del interés de Allianz Partners Health por acudir al concierto, cuyo valor del contrato asciende a 71 millones.
La tensión y las dudas también son palpables entre los sindicatos, desde los que ya amenazan con enfrentarse en los tribunales. Tras conocer que DKV se ha echado a un lado, CSIF, una de las organizaciones mayoritarias entre el colectivo, ha acusado a López de "dejación de funciones" y de mostrar una "absoluta falta de respeto con su silencio y falta de transparencia sobre la situación". En medio de estas circunstancias, Miguel Borra, presidente de la organización, ha avanzado que desde CSIF ya están asesorando a sus afiliados para que emprendan acciones legales con el objetivo de defender sus derechos y resarcir los daños y perjuicios que se les produzcan.
En una línea paralela, Unai Sordo, secretario general de CCOO, aboga por preparar un aterrizaje "suave" del sistema en caso de que la licitación quede desierta de nuevo, proceso para el que hay que abordar una transición. "Hay que dar a todos los empleados públicos la seguridad de que van a seguir siendo tratados en condiciones de calidad", precisa tras recordar que cada año son menos los funcionarios que eligen la privada. Con datos de 2023, casi 1,1 millones de personas están adheridas a Muface.
