La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado que se llame a declarar al investigado y que se le imputen dos nuevos delitos: "apoderamiento ilícito de información" y "prevaricación". En un escrito presentado por el abogado de la asociación, Juan Antonio Frago, la APIF también pide al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que requiera a la Fiscalía "los protocolos de borrado de datos" de la institución.
Desde que a mediados de octubre el Supremo imputó al fiscal general por presuntamente revelar información procesal confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, las pesquisas del juez a cargo de la causa han avanzado en una única dirección. El instructor Hurtado, que aún no ha tomado declaración a García Ortiz ni a ninguno de los periodistas que filtraron la información (estos declararán en enero), se ha centrado en recopilar información de los dispositivos electrónicos de los fiscales relacionados con la presunta filtración.
El volcado del teléfono móvil de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, reveló que García Ortiz había ordenado recabar los mails intercambiados entre González Amador y el fiscal que lo investigaba por fraude fiscal. Desveló el interés del fiscal general por desmentir informaciones sobre el acuerdo al que estaban llegando el novio de Ayuso y la Fiscalía; y según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que el fiscal general pudo tener una "participación preeminente" en la comisión del delito.
El volcado del teléfono de García Ortiz, en cambio, tuvo un resultado bien distinto, ya que la Guardia Civil encontró "0 mensajes" intercambiados en los días en los que se gestó la filtración, entre el 8 y el 14 de marzo de este año. Realizadas todas estas diligencias, la acusación que ejerce la APIF ha llegado a varias conclusiones, que ahora se exponen ante el magistrado instructor.
En primer lugar, de las conversaciones extraídas del teléfono de la fiscal jefa de Madrid, la acusación popular deduce que "debe procederse a tomar declaración" a García Ortiz porque la filtración "solo puede venir de la persona investigada". Pero la APIF cree que las diligencias practicadas apuntan al fiscal general no solo como autor de un delito de revelación de secretos; también hay indicios de que García Ortiz ha incurrido en "apoderamiento ilícito de la información" y en "prevaricación".
La asociación de fiscales señala que García Ortiz y Pilar Rodríguez no tenían a su disposición la filtración hasta poco antes de filtrarse. Cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador, el fiscal general se apresuró a reclamar las comunicaciones entre el presunto defraudador y el fiscal que lo investigaba, Julián Salto.
Tras obtenerlas, al día siguiente mandó publicar una nota de prensa que aclaraba que había sido el abogado de González Amador quien propuso el acuerdo. La cuestión es si en la noche anterior, antes de publicar la nota, filtró los correos a algunos medios.
En la noche de aquel 13 de marzo se produjo un "cruce frenético de correos y llamadas" para que esos documentos llegasen a manos de García Ortiz. Sobre este asunto, la APIF indica que, "al igual que la presidenta del CGPJ o un presidente de Sala del Tribunal Supremo no pueden pedir por WhatsApp o llamado a un magistrado una documentación de una causa judicial para que se la acaben remitiendo a un correo no corporativo, el fiscal general del Estado tampoco tiene a su disposición toda la documentación de todas las causas nacionales 'a granel' o sin control alguno".
De modo que esta acusación popular considera que García Ortiz cometió un delito de "apoderamiento ilícito de la información" cuando hizo "quebrantar el descanso o tiempo libre" de Julián Salto -que aquella noche estaba viendo un partido de fútbol- para exigirle una "documentación sensible vía WhatsApp".
Pero a ojos de la APIF, la operación no solo supuso este último delito, sino que también fue un acto prevaricador. "Si un magistrado le pidiera una causa a otro órgano judicial, desde luego debería quedar documentado formalmente", ejemplifica el escrito, y acto seguido ahonda en la necesidad de efectuar los actos administrativos "por escrito" y aportando "la firma electrónica". La forma en que García Ortiz se hizo con los correos de González Amador es "insalvable": a través de "llamadas y mensajes de WhatsApp fuera manifiestamente de horario laboral", sin ninguna "constancia posterior" y finalmente con el "borrado posterior de los whatsapp" del móvil de Álvaro García Ortiz.
Este borrado, continúa la asociación, es una "prueba incriminatoria donde las haya". Precisamente por eso, la APIF solicita al juez instructor que requiera al Ministerio Fiscal "los protocolos de borrado de datos que existen de terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole, particulares o corporativos, de los miembros" de la Fiscalía. Además, reclama que se pregunte "si se ha informado a alguna autoridad competente de la brecha de seguridad de los datos, o si se ha llevado a cabo cualquier tipo de actuación al respecto".
Finalmente, la asociación personada como acusación popular insta al juez a que ordene ampliar el atestado de la UCO. Propone incluir, entre otras informaciones, "un listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez" y su listado de contactos, para ver si están incluidos los teléfonos de los periodistas a los que ha citado a declarar el juez instructor. La APIF también reclama que se determine "si pueden recuperarse" los mensajes del fiscal general o los "correos electrónicos borrados", mediante "aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO.
