Carles Puigdemont y Junts dicen que no se fían del Gobierno y fruto de eso nació la petición para que Sánchez convoque una cuestión de confianza que no se dará. Pero en pleno órdago independentista el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trata de acelerar los contactos en la UE para conseguir la oficialidad del catalán. "El ministro Albares ha tratado este lunes en Bruselas con su homólogo polaco la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas en la UE", han explicado fuentes diplomáticas este lunes.
"Le ha solicitado que durante su presidencia de turno a partir del 1 de enero siga impulsándolo. El ministro de Exteriores polaco, que ha trasladado estar informado del tema, y Albares, han acordado dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE que se celebrará próximamente para lograr ese objetivo", concluyen, unos días después de que el propio ministro apuntase que no se trata de una cuestión "política", sino "de país".
Ese paso de Albares se da no solo en el escenario de la moción de confianza, sino con Junts muy lejos de aprobar los Presupuestos -exigidos por Bruselas para acceder a los fondos-. "No se dan las condiciones", insisten desde la formación independentista. Puigdemont, de hecho, cree que Sánchez está "dejando pasar demasiadas oportunidades" en asuntos por ejemplo como precisamente el de la oficialidad del catalán en la UE. "Esta es una cuestión política, porque se ha demostrado que no hay obstáculos ni jurídicos ni técnicos", avisó el expresidente catalán.
Cierto es que en este sentido hay dos vías: la propia de la oficialidad y una a un escalón inferior, que trata de estandarizar las lenguas cooficiales españolas como lenguas de uso en la Eurocámara. El ministro hizo especial hincapié durante las comparecencias recientes en la diferencia entre ambas puesto que la segunda puede ser más viable que la primera. Con todo, el Ejecutivo tiene claro ante sus socios que la opción es realista porque las lenguas cooficiales ya se usan "con total normalidad" en el Congreso.
En torno a la idea de España ya hay datos relevantes. Por ejemplo, la Comisión Europea estima que el coste de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea sería de 132 millones de euros, según un informe preliminar. Para llegar a ese cálculo, Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico.
El asunto de las lenguas tiene otra vía dentro del Parlamento Europeo, pues ya en 2022 el Gobierno envió una carta para que estas tres lenguas fueran de uso —aunque no oficiales— en la Eurocámara. Esta segunda fórmula es la que PSOE y Sumar han impulsado en el Congreso para que, desde hace ya meses, los diputados españoles puedan intervenir ya en catalán, gallego o euskera, pero también en asturiano, aragonés o aranés. Es la que además Albares ve más factible, aunque no lo diga abiertamente. La oficialidad es algo más compleja.
