Al Gobierno se le vuelve a complicar el complejo juego de mayorías del Congreso en torno a la cuestión fiscal. Las negociaciones para diseñar un impuesto permanente a los beneficios de las empresas energéticas, que se iniciaron el miércoles pasado, han comenzado fatal porque Junts y PNV ni siquiera han querido sentarse a la mesa. A raíz de esto, Podemos amenaza con bloquear tanto el nuevo gravamen al diésel como, de paso, los Presupuestos Generales del Estado. Y, para más inri, los nacionalistas vascos y catalanes han sumado sus votos al PP para eliminar por sorpresa otro tributo, el que se aplica a la generación eléctrica, una importante fuente de ingresos para las arcas del Estado que ahora el Ejecutivo está intentando salvar por todas las vías posibles.
Hace un par de semanas, el Gobierno sacó adelante por los pelos su reforma fiscal en el Congreso tras una negociación prácticamente hasta el último minuto. El último partido en confirmar su apoyo fue Podemos, que exigió a cambio de sus votos que se convocara una mesa con los aliados habituales del Ejecutivo para "impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas". Hacienda se comprometió, además, a extender por decreto el actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las energéticas si ese grupo de trabajo no llegaba a un acuerdo antes del 31 de diciembre.
Hasta ahí, las cosas han discurrido según el cauce que se estableció. El miércoles pasado, con un cierto retraso, el Gobierno se reunió por primera vez con sus aliados parlamentarios para abordar el diseño de un eventual nuevo impuesto. El problema es que el PNV y Junts declinaron participar, y Hacienda tan solo pudo prometer a ERC, EH Bildu, BNG y Podemos que cumplirá con la palabra que ya les había dado: habrá decreto antes de fin de año para prorrogar el gravamen.
Sobre el papel, la extensión será por el plazo de un año, pero en la práctica lo único que consigue el Ejecutivo es darse un mes más para intentar cambiar el parecer de PNV y Junts, puesto que el Congreso debe convalidar ese decreto antes de que termine enero. Si los socios de derechas no cambian de opinión, la extensión del impuesto será derribada por la mayoría que suman en la Cámara Baja el PP, Vox, PNV y Junts. Y lo cierto es que, por ahora, hay pocos visos de que las posturas se estén acercando: los de Carles Puigdemont guardan silencio y siguen rechazando el impuesto a las energéticas, mientras el PNV está siendo mucho más belicoso y fuentes de la formación aseguran que su postura no va a cambiar.
Fuentes de la formación vasca, de hecho, se muestran muy molestas con lo que, consideran, está siendo una forma de proceder poco seria por parte de Hacienda provocada por el "paripé" y el "juego en corto" de Podemos, que es quien arrancó al Ministerio la mesa de partidos para intentar pactar un diseño para el impuesto a las energéticas. "El Gobierno ni cuenta con ese dinero ni está interesado" en que la tasa salga adelante, espetan fuentes del PNV, que afirman, además, que votarán en contra del decreto de prórroga del gravamen actual porque, por su estructura, no puede ser cedido a la administración vasca para que el Ejecutivo autonómico pueda suavizarlo.
Los nacionalistas vascos evitan cerrarse del todo a negociar un impuesto permanente que sí pueda ser gestionado por el Gobierno Vasco, pero insisten en que no es algo prioritario para ellos y en que lo que debe revisar el Ejecutivo es el diseño del impuesto de sociedades, el que realmente supone un agujero para las arcas del Estado por la gran cantidad de deducciones y exenciones a las que pueden acogerse las grandes empresas. Las fuentes del PNV consultadas defienden, además, el mismo discurso que ha planteado públicamente el portavoz Aitor Esteban en las últimas semanas: como la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno es tan heterogénea, "todo el mundo se tiene que dejar pelos en la gatera" y, a su juicio, no existe mayoría para aprobar medidas económicas de izquierdas.
Podemos cree que se la han jugado
No obstante, Podemos no considera que Junts y PNV sean los principales responsables si finalmente no se aprueba el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Para los morados, existiría otro causante del fracaso: el propio Gobierno, al que fuentes de la formación acusan de no haberse esforzado lo más mínimo en intentar convencer a las formaciones nacionalistas de derechas a través, por ejemplo, de cesiones en otras materias a cambio de su apoyo al tributo.
Podemos, además, asegura haber sido engañado, por lo cual amenaza con no sentarse siquiera a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Según su versión, pactó con el Ejecutivo apoyar su reforma fiscal solo porque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró a la líder morada, Ione Belarra, que había arrancado a Junts y PNV el compromiso de aprobar un impuesto a las energéticas cuyo diseño era el que había que negociar durante este mes de diciembre. El Gobierno, por el contrario, dice que el acuerdo era únicamente intentar cambiar la negativa de los nacionalistas, pero afirma que no puede responsabilizársele si PNV y Junts siguen en sus trece.
Sea como fuere, si el tributo extraordinario a los beneficios de las energéticas no sale adelante, hay otro que corre un serio riesgo de no ser aprobado: el que gravaría al diésel. Podemos aseguró este viernes en un comunicado que no piensa apoyar el decreto que Hacienda tiene previsto presentar en las próximas semanas para aprobar esa tasa si no se "avanza" en el tributo a las energéticas, ya que "es enormemente injusto cargar los costes de la emergencia climática y la necesaria transición ecológica sobre los hombros de la gente al mismo tiempo que se permite a las grandes empresas energéticas, principales responsables de la contaminación que causa esa emergencia, irse de rositas".
Técnicamente, lo que pretende Hacienda es equiparar el tratamiento fiscal del diésel al que ya se aplica a la gasolina con el fin de desincentivar su uso, ya que se trata de un combustible más contaminante. Pero, además, la subida fiscal al diésel proporcionaría a las arcas del Estado unos 1.000 millones de euros anuales, una cantidad con la que el Gobierno cuenta para hacer frente, entre otras cosas, al importante coste que supondrán las medidas para reconstruir las localidades valencianas afectadas por la DANA y atender a su población. No lograr aprobar el gravamen, por tanto, provocaría al Ejecutivo un importante agujero en sus cuentas.
Otros 1.500 millones en juego
A este problema se ha sumado otro sobrevenido, pero que puede también hacer un roto de nada menos que 1.500 millones de euros en la planificación presupuestaria del Gobierno: el pacto entre PP, Vox, Junts, ERC y PNV para acabar con el impuesto a la generación eléctrica. Ese acuerdo se hizo efectivo hace unos días por la inoportuna ausencia de un diputado socialista, que impidió que el Ejecutivo pudiera vetar la medida en el Congreso. Y ahora Hacienda busca fórmulas reglamentarias para intentar revertir la eliminación del gravamen, para lo cual necesita convencer, al menos, a ERC y PNV de que retiren su apoyo a la medida.
Por el momento, los republicanos catalanes han sido los más receptivos a cambiar de opinión, aunque las conversaciones aún están verdes y PSOE y Sumar han utilizado sus votos para retrasar sine die la tramitación de la ley y así ganartiempo para negociar. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró el jueves pasado que su partido se abstuvo durante la votación de la medida porque aspira a "encontrar el equilibrio" entre no perjudicar a empresas de energía renovable que pagan el impuesto y que no afecte al bolsillo del consumidor.
