Un día antes de que el Congreso vote finalmente la reforma fiscal, que todavía existe la posibilidad de que termine contemplando la extensión del impuesto a las compañías energéticas, las grandes compañías eléctricas y gasistas han lanzado mensaje unívoco en contra de una eventual nueva tasa y han advertido de que, en ese caso, se pondrá en peligro la milmillonaria inversión -de hasta 308.000 millones- que contempla la estrategia climática del Gobierno para que de aquí a 2030 sea posible dar decisivos pasos en la transición ecológica, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero o fomentar el despliegue de energías renovables.
Iberdrola, Endesa, Moeve (antes Cepsa), Naturgy, Repsol, Total Energies, BP y EDP firman un comunicado conjunto que se ha difundido este martes, horas antes de que el Pleno vote la reforma fiscal, en el que advierten al Gobierno que "prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos".
A lo largo de los últimos meses y semanas, cada compañía había adoptado una estrategia para oponerse la prolongación, en principio para hacerlo permanente, que anunció el Gobierno para el impuesto a las compañías energéticas que se creó en 2022 para hacerles contribuir en mayor medida por las ganancias extraordinarias por el aumento de precios en la crisis energética. Si la oposición no es nueva sí lo es la manera en que este martes se han unido para advertir en contra de prolongar el impuesto en un comunicado conjunto, en el que recuerdan su compromiso con la transición ecológica y también las multimillonarias inversiones que el Gobierno prevé que serán necesarias de aquí a 2030, la mayoría de ellas del sector privado, que se verían "dificultades" con un nuevo impuesto.
"Para alcanzar los objetivos del Plan [Nacional Integrado de Energía y Clima], se requiere de un proceso inversor perdurable en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios", dicen estas compañías. Añaden que "resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones en inversiones estimadas", de las que, según apunta el Gobierno en el PNIEC, el 82% deberá venir del sector privado.
Eléctricas y gasistas aseguran que compromiso con la transición energética es "absoluto" porque "resulta clave para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático" pero también advierten de la "competencia internacional de atracción de inversiones", en un entorno en el que es "fundamental establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país".
En este sentido, aluden a los "informes Letta y Draghi" sobre cómo recuperar y fomentar la competitividad en la UE que plantean, al estilo de la IRA de Estados Unidos, rebajar y eliminar impuestos a las empresas, no subirlos o crearlos como todavía podría ocurrir en España con el energético.
