El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto este miércoles una audiencia pública para la concesión directa de 50 millones de euros a Canarias para la acogida de los menores migrantes no acompañados. El fondo, aprobado para aliviar la saturación que sufre el archipiélago desde hace meses por el aumento de las llegadas de migrantes a sus costas, implica la mitad de los 100 millones a los que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar a las islas.
Canarias tutela actualmente a unos 5.400 niños y adolescentes migrantes no acompañados, según fuentes del Ejecutivo canario, lo que supone casi el triple de la capacidad que tienen su sistema de acogida. Así, este fondo estará orientado principalmente a la protección de esos menores que se encuentran ya en centros residenciales y que no están pudiendo recibir la atención adecuada por esa sobresaturación. En el departamento dirigido por Sira Rego subrayan que esta "necesaria" concesión directa facilitará las "reformas" necesarias para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en el archipiélago.
Los recursos también irán a la atención psicosocial o jurídica que puedan necesitar esos menores extranjeros no acompañados, así como a facilitar su inserción sociolaboral y asegurar el acceso a la vivienda una vez salgan del sistema de protección por haber cumplido la mayoría de edad. Según detalla Juventud e Infancia, los recursos estarán destinados a "diversos proyectos" hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre a cargo del Gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias para gestionar todos los sistemas de protección de la infancia y, por tanto, el que debe asumir la tutela de los menores no acompañados.
Según el compromiso al que se suscribió el Gobierno central con el presidente canario, Fernando Clavijo, hace un mes, faltarían todavía otros 50 millones por transferir a las islas para aliviar la carga financiera que ha soportado el archipiélago en el último año para hacerse cargo de esos menores, que, según calcula Canarias, ha sido de 150 millones de euros.
El fondo llega, además, sin haberse logrado todavía un acuerdo para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la reubicación de los menores migrantes cuando una comunidad —como Canarias, en este caso— esté saturada. El Gobierno llevó ese mecanismo de "solidaridad obligatoria" al Congreso, pero no salió adelante en julio por el voto en contra del PP y Junts. Desde entonces, Moncloa, Canarias y Génova han estado sumidos en un tira y afloja sin conseguir un punto de acuerdo que ponga solución a la crisis migratoria.
