Valencia tiene todavía muy lejos la normalidad tras el paso de la DANA que ha arrasado buena parte del Levante español. La búsqueda de desparecidos sigue, con la cifra de víctimas mortales todavía sin cerrarse y con un recuento de todos los daños que se han provocado. Una catástrofe. Y mientras, el Gobierno sigue manejando -entre durísimas críticas- los tiempos y con vías que también pueden llegar desde la Unión Europea, como es el caso del Fondo de Solidaridad, que no se usa en el momento de la emergencia, sino que sirve como apoyo para la reconstrucción.
¿Qué es y en qué consiste esta posibilidad? El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite al bloque comunitario ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país candidato a la adhesión en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública. En este caso la DANA entra en el primer grupo, así que España podría solicitarlo para ayudar la recuperación de las zonas afectadas.
Hay, eso sí, un matiz. Este fondo no es una herramienta para dar respuestas rápidas a emergencias o catástrofes naturales específicas. Esta es la función de la Reserva para Ayudas de Emergencia. Se trata, con todo, del principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad, tal como explican desde Bruselas. Se ha recurrido a él en situaciones como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías. "Desde 2020, el Fondo de Solidaridad también ha cubierto emergencias graves de salud pública, como la pandemia. Debido al aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático, cada vez se reconoce más la importancia" de esta herramienta, añaden en la Comisión Europea.
El Fondo de Solidaridad fue creado en 2002 para responder a las inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de ese año. Desde entonces, ha prestado apoyo en más de 130 ocasiones. Hasta la fecha, veinticuatro Estados miembros (más el Reino Unido) y tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia) han recibido ayuda del Fondo de Solidaridad, y se han pagado en total más de 8.200 millones de euros.
Desde 2021, el Fondo de Solidaridad y la Reserva para Ayudas de Emergencia se han financiado como un instrumento, denominado Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia. El presupuesto anual máximo para la Reserva para Solidaridad y para Ayudas de Emergencia es de 1.200 millones (a precios de 2018). Asimismo, en febrero de 2024, se revisó el marco financiero plurianual 2021-2027 y se proporcionó financiación adicional para abordar los retos nuevos y emergentes a los que se enfrenta la Unión. Como parte de esta revisión, el presupuesto anual máximo para la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia se incrementará en 1.500 millones. "Este incremento tiene por objeto mejorar la capacidad de la Unión para hacer frente a crisis y situaciones de emergencia", añaden.
¿Cómo funciona el fondo? Es una subvención que complementa el gasto público del Estado beneficiario, en este. caso España, y se destina a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables. Entre las medidas a tomar se incluye el restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en los sectores de la energía, el agua potable, la eliminación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza; la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a cubrir las necesidades de la población afectada; a esto se incluye también el aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
También engloba por ejemplo la limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales, así como asistencia rápida, incluida asistencia médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y protección de la población frente al riesgo de verse afectada. En ese escenario, la Unión puede conceder ayuda financiera a cualquier Estado miembro o país candidato que lo solicite tras una catástrofe natural grave. Es decir, no es de aplicación directa, sino que necesita una 'llamada' en este. caso por parte de España. El país afectado debe presentar su solicitud en un plazo de doce semanas a partir de la catástrofe. A continuación, la Comisión evalúa la solicitud y propone un importe de ayuda financiera.
Una subvención que auditaría España directamente
El procedimiento de asignación de una subvención, seguido de un procedimiento presupuestario (con la aprobación por el Parlamento y el Consejo), puede durar varios meses. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. La reforma de 2014 introdujo la posibilidad de que los Estados miembros solicitasen el pago de un anticipo, que la Comisión puede decidir concederles siempre y cuando haya suficientes recursos disponibles. El importe máximo del anticipo es el 25 % del importe total previsto de la contribución financiera del Fondo de Solidaridad y está limitado a 100 millones de euros.
El Estado beneficiario es responsable de la ejecución de la ayuda, así como de auditar la manera en que se gastan los fondos. Las medidas de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva para cubrir las operaciones llevadas a cabo desde el primer día de la catástrofe. El tiempo pasa muy despacio, y España -con casi total seguridad- tendrá que apoyarse en la UE para sacar a Valencia de la catástrofe.
