La nueva ley de Seguridad Ciudadana llega este martes al Congreso para el inicio de su tramitación. Con ello, y tras el acuerdo del PSOE y sus socios, los agentes perderán progresivamente la capacidad de utilizar las pelotas de goma como medio de defensa y disuasión en las manifestaciones y estarán más limitados, por ejemplo, con el tiempo para identificar a las personas así como a la hora de dar su versión de los hechos. La futura ley mordaza también desinfla las multas, reduciéndolas en algunos casos, eliminándolas en otros e incluso ajustándolas a la renta.
Lo que a ojos de los populares todo ello se traduce en más "caos" en las ciudades, "desarme" y desprotección de los agentes e impunidad para delinquir. Además, según explican desde esta formación a 20minutos, en la práctica va a suponer que procedimientos sancionadores queden archivados por la entrada en vigor de esta Ley. Es decir, que conductas que hasta ahora eran sancionables y que ahora dejarán de serlo con la nueva ley, queden archivados por su carácter retroactivo.
La ley "desarma" a los agentes
Los populares hacen un análisis exhaustivo sobre los cambios en la ley mordaza que "desarman" a los agentes. Y es que ahora podrán ser grabados, tendrán solo dos horas para identificar a las personas, tendrán la obligación de llevarlos de vuelta al lugar en el que la detuvieron y perderán peso la veracidad de su relato y no podrán lanzar pelotas de goma.
Una de la medidas más polémicas de la reforma de la ley es la eliminación progresiva de las pelotas de goma. Una reivindicación de los socios del PSOE que, sin embargo para el PP resulta "impensable cuando a los policías se les apedrea y se cortan las calles con contenedores incendiados". En este punto subrayan que fue necesaria en actos "de extremada violencia" como el 1-O en Cataluña o las marchas de la dignidad el 22-M.
Con la nueva ley también será infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar. No obstante, para los populares es insuficiente la pena económica ya que el daño será irreparable. "De poco sirve una simple sanción económica a posteriori de generarse el perjuicio, permitiéndose con esta reforma la publicación de datos e imágenes de los agentes de la autoridad", valoran. Además, reprochan que el Gobierno "permita grabar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras en el Congreso votan en contra de la iniciativa del Partido Popular para dotar de cámaras corporales a los agentes".
También creen que es "materialmente imposible" identificar a una persona en un máximo de dos horas máximas —seis en casos excepcionales— en ámbitos rurales con pocos habitantes y, por lo tanto, efectivos y recursos policiales más limitados. "En determinadas demarcaciones policiales, principalmente de la Guardia Civil en el rural, resulta imposible cumplir con el máximo de dos horas cuando existe una única patrulla para un radio de 40 km. Sólo el trayecto entre el lugar de identificación y la dependencia policial y los trámites necesarios para llevar a efecto este trámite requieren de más tiempo en estos casos".
Del mismo modo, ven imposible que un Guardia Civil que opere en un medio rural tenga capacidad para devolver a una persona a su lugar de origen de identificación, como exige la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Según los populares, ello "requiere de unos medios humanos y materiales de los que en muchas ocasiones no se disponen o, si existiesen, se limitan en el transporte de personas y no en su cometido principal". Además, "si existe una única patrulla y está ocupada devolviendo a una persona identificada a su lugar de origen, no podrá atender otras urgencias".
Por último defienden que la palabra del policía es la garantía del principio de autoridad así como la vía para controlar el cumplimiento de las sanciones. Esto estaría en juego una vez entre en vigor que el acta que se extienda goce de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable. Los populares recuerdan que "sin el principio de veracidad administrativa las sanciones administrativas tendrán muy difícil su trámite si en un posterior recurso la persona denunciada pone en entredicho el motivo de la sanción.
Así exponen el siguiente ejemplo: si un agente de la autoridad denuncia a una persona por el consumo de sustancias estupefacientes y la persona denunciada recurre la sanción exponiendo que ese hecho es mentira, podría dar lugar a la retirada de la misma. "Esto podría conllevar una escalada en la retirada de todo tipo de sanciones administrativas y, por lo tanto, la pérdida de autoridad del Estado en el control de las sanciones administrativas", concluyen.
"Caos" en las ciudades y reducción de multas
Los líderes de la oposición advierten de que eliminar la prohibición de comunicar la convocatoria de una manifestación "limita" la capacidad los de agentes de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. "Resultaría imposible controlar diez manifestaciones que se realicen al mismo tiempo sin comunicación previa en Madrid, ocasionarían el caos en las ciudades, pues no habrá capacidad de respuesta por parte de los agentes para controlar dichas concentraciones. Es necesario tener previsto los operativos policiales con antelación. Como ejemplo lo que sucedió en las manifestaciones de los CDR en Cataluña sin comunicación crearon el caos, cerrando estaciones, aeropuerto y los accesos a Barcelona". Asimismo al permitir con la nueva ley las concentraciones frente a los Parlamentos, podría repetirse "con total impunidad" el 'rodea al Congreso' que tuvo su origen en 2012 y se replicó a lo largo de los años.
Al dejar de ser sancionable a perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos en general, podría perturbar los oficios religiosos, como las procesiones de Semana Santa sin ninguna multa. Los populares también interpretan que con la nueva ley se autoriza en cualquier lugar el nudismo y deja impune cualquier exhibición obscena entre adultos y deja de ser sancionable ejercer la prostitución en zonas próximas frecuentadas por menores, como parques o colegios. Además, al modificarse el artículo que hacía mención expresa a la venta ambulante y a la ocupación de inmuebles en contra de la voluntad del propietario, la oposición considera que los ayuntamientos pueden permitir esta práctica como hizo Ada Colau en Barcelona.
También reprochan que la nueva ley vaya a reducir las sanciones económicas para aquellos que menos ingresan, ya que "podría fomentar que estos ciudadanos tuviesen mayor impunidad a la hora de cometer infracciones, pues les saldría más barato" o que un menor de edad o quien no tenga recursos económicos tenga "total impunidad para delinquir".
