"La gratuidad en ningún caso será sustituida por la nada, no será a cambio de nada". Con estas palabras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha empezado este miércoles a dar una pincelada más de los planes del Gobierno para cuando el 31 de diciembre expiren las ayudas al trasporte público, como los abonos gratuitos de Cercanías y tren de media distancia o un descuento de hasta el 50-60% en el trasporte municipal. En caso de que no haya una prórroga que parece cada vez más improbable, Puente ha afirmado que la gratuidad continuará para la población más vulnerable y que seguirá habiendo descuentos para jóvenes y para usuarios frecuentes. "La gratuidad no va a ser sustituida por el desamparo de los usuarios", ha enfatizado en una comparecencia en el Congreso.
"Vamos a seguir apostando por la gratuidad para colectivos vulnerables y por bonificaciones para jóvenes y establecer un sistema de pago proporcional para usuarios recurrentes", ha dicho como alternativa en el caso de que el Gobierno "apueste finalmente por eliminar la gratuidad del transporte público". "No quiere decir que no vayamos a implementar otras políticas de ayuda a billetes para usuarios", ha añadido.
En esta línea, el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a Transportes que se incluya a las personas con discapacidad reconocidas oficialmente entre los grupos de población beneficiarios de las tarifas de transporte reducidas que se puedan poner en pie a partir del 1 de enero de 2025. También pide el mismo trato para “los asistentes personales de las personas con discapacidad o en situación dependencia, en el desempeño de sus funciones de asistencia cuando las acompañen en sus desplazamientos en transporte colectivo”.
A medida que se acerca el fin de año y, con él, el fin de la última prórroga de las ayudas al transporte público que empezaron a ponerse en pie en 2022 para ayudar a las familias a hacer frente al aumento de la inflación por la crisis energética, se intensifica la incógnita de qué hará el Gobierno a partir del 1 de enero de 2025. De momento, el único que se ha pronunciado sobre esta cuestión ha sido Puente, ministro de Transportes, que hace unas semanas se declaró no "partidario" de extender más en el tiempo estas políticas de gratuidad.
Este miércoles, ha insistido en esta idea, apoyándose en los datos de su departamento que dicen que el aumento registrado de usuarios del transporte público no se debe "solo" a los billetes gratis o rebajados de los últimos años, porque ven que "no se está produciendo el trasvase deseado" entre quienes utilizan transporte privado y público. Por ejemplo, que los primeros no dejan el coche en casa para coger el metro. "Eso es lo que nos debe preocupar si queremos ir a un modelo más sostenible, el trasvase", ha dicho Puente, que también ha apuntado que un usuario de transporte privado no se pasa al público por el precio, porque ya paga más incluso sin abonos transporte a mitad de precio. Ha insistido en que la apuesta debe ser, no la gratuidad generalizada como la de los últimos años, sino apostar por la calidad, porque haya más frecuencias y un mejor servicio.
"Cuál es la mejor fórmula para lograr eso, la gratuidad del transporte público y hacer un esfuerzo económico enorme para la gratuidad del billete la apuesta por las frecuencias y la calidad?", se ha preguntado. "Creo más en los segundo", se ha respondido.
Frente PP, Sumar y BNG para el rescate de la AP9
El futuro de las ayudas al transporte público más allá del final de este año se ha colado en una comparecencia de Puente en el Congreso para hablar sobre la posible transferencia de la gestión a la Xunta de la autopista gallega AP9, una de las dos únicas que quedan con peaje, y durante la que el PP, Sumar y el BNG han formado un frente común para pedir al ministro que el Estado la rescate, algo que, según los populares tendría un coste de 2.355 millones que pagarían las arcas públicas.
Ya incluso antes de que el PP lanzara su cifra en el Congreso, Puente ha rechazado la posibilidad por tratarse de una cifra "inasumible" que el Estado debería pagar a la empresa, Audasa, que tiene la concesión hasta 2048 después de la última prórroga que le concedió el Gobierno de José María Aznar y sin la que se habría liberado, se habría hecho gratuita, en 2023. De momento, el Gobierno está a la espera de en qué queda el expediente que abrió la Comisión Europea contra esta prórroga mientras rechaza de plano rescatarla, como ya hizo con las autopistas radiales de Madrid, por un importe de mil millones mientras rechaza totalmente un rescate.
Puente ha frenado la petición del PP, Sumar y BNG argumentado que el rescate sería "inasumible para la Administración y tendría efectos nocivos para el Estado". En su lugar, ha apostado por seguir bonificando el coste del peaje a sus usuarios y aumentarlo según el acuerdo de investidura con el BNG, algo que para Sumar justifica precisamente el rescate y la "recuperación para lo público" de esta infraestructura en lugar de seguir pagando hasta 2040 descuentos que Puente ha dicho que ahorran cada año 400 millones a los usuarios de esta autopista.
"Señor Puente, van a cobrar peajes por un importe de 9.526 millones durante el periodo de concesión y se van a embolsar 5.000 millones en beneficios, es inaceptable", ha denunciado Manuel Lago, de Sumar, que ha abierto un baile de cifras en las que el PP ha estimado que el rescate costaría más de 2.300 euros y sobre el que Puente ha pedido "prudencia" por que es "lo peor que se podemos hacer" si "en el horizonte contempláramos la posibilidad de rescatar la concesión", para no dar pistas a lo que la concesionaria podría reclamar al Estado. En todo caso, fuentes de Transportes aseguran que esta opción no está sobre la mesa.
El portavoz del BNG, Néstor Rego, también ha pedido el rescate y ha invitado al Ministerio hacer su propio informe de lo que costaría la operación "para que no sigamos hablando de estudios de parte". Sus cifras dicen que las bonificaciones hasta 2048 superan los 1.800 millones y hasta 3.000 si se añaden los peajes.
"Señor ministro, yo creo que lo que ha dicho de enormes costes del estado para financiar las bonificaciones y los peajes en la sombra hace que en estos momento estemos hablando de la posibilidad de analizar un rescate de esta concesión", ha afirmado el diputado del PP Celso Delgado, que se ha llevado el 'aplauso' de Sumar y BNG y la reprimenda de Puente, que ha insistido en que el "único culpable" de que el peaje siga existiendo y no se liberara el año pasado fue el Gobierno de Aznar que en el año 2000 autorizó otra prórroga hasta 2048. Unido a la probable transferencia de la gestión a la Xunta aprobada en el Parlamento gallego, el ministro ha preguntado si la Xunta "asumiría el rescate, el mantenimiento o pretende que sea el Gobierno quien asuma todos los costes para que después vuelvan a privatizarla y dar otro pelotazo".
