PSOE y Sumar intentan evitar que se abra una nueva crisis entre ellos en plena pugna por el mayor choque que han tenido desde el inicio de la legislatura: el calendario para aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Hace unos días, el comité de expertos seleccionado por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz recomendó una nueva subida del salario mínimo para este año de entre 39 y 50 euros brutos mensuales. Y, lejos de lo que ha ocurrido en años anteriores, cuando el ala socialista del Gobierno se mostró inicialmente renuente a algunos de los aumentos que finalmente se aprobaron, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó este domingo que se siente "muy cómodo" con la horquilla propuesta por los expertos para el incremento.
La negociación con patronal y sindicatos aún no ha comenzado, aunque está previsto que lo haga en los próximos días. Y, de cara al inicio de esas conversaciones, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo concretó también este domingo que su planteamiento inicial será elevar 50 euros el salario mínimo, el equivalente a un 4,4%, lo que dejaría el índice en 1.184 euros brutos en 14 pagas. Esa cifra es tan solo una primera aproximación: en una entrevista en La Vanguardia, Díaz prometió que será "flexible" y reducirá algo esa pretensión si la CEOE se aviene a firmar el acuerdo, algo que los empresarios rehusaron hacer con el aumento del salario mínimo el año pasado.
Cuerpo no fue tan concreto, pero sí aseguró en otra entrevista, en este caso con Colpisa, que la "horquilla" de entre 39 y 50 euros de subida le parece razonable y "un punto de partida excelente" para negociar. "Estoy tranquilo y contento, y ahora ya pasamos al siguiente paso, precisamente al marco del diálogo social, donde, sobre la base del input del comité de expertos, tiene que llegarse a una propuesta", planteó el ministro de Economía a este respecto.
No obstante, que este año no parezca haber grandes diferencias entre PSOE y Sumar en lo relativo a la cuantía a la que debe subir el salario mínimo no significa que ambos socios de la coalición de Gobierno estén de acuerdo en todo lo relativo a este incremento. En esta ocasión existe una discrepancia que no se ha dado en años anteriores y que se perfila como el principal caballo de batalla de esta negociación entre ambos partidos: el tratamiento que se dará a nivel fiscal a este nuevo aumento del salario mínimo.
Hasta ahora, todas las subidas del salario mínimo que ha llevado a cabo el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente (es decir, desde 2018) han venido acompañadas de un aumento del mínimo de ingresos exentos de tributar por el IRPF, el impuesto que grava la renta anual de las personas físicas. En el año 2024, el salario mínimo es de 15.876 euros brutos anuales, y ese es exactamente el umbral a partir del cual se empieza a pagar este gravamen, lo que implica que los perceptores del salario mínimo no han tenido que abonar IRPF este año. El propio Ejecutivo presume en su web informativa sobre el salario mínimo de "su política de eximir de tributación a los trabajadores" que perciben este mínimo de ingresos.
Para 2025, no obstante, el Ministerio de Hacienda —necesitado de ingresos para cubrir los gastos extraordinarios de medidas como las puestas en marcha a raíz de la DANA y que, en las últimas fechas, se ha visto obligado a retrasar medidas como la subida de impuestos al diésel—, se está planteando no elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta. Y eso, en la práctica, implicaría que los trabajadores que vieran su sueldo incrementado por la nueva subida del salario mínimo no percibirían íntegros los 50 euros (o la cantidad que finalmente se acuerde) mensuales: de ese aumento, al menos una parte sí estaría obligada a tributar.
Este domingo, Díaz afirmó que discrepa de Hacienda y apuesta por "hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, es decir, que en términos de IRPF el salario mínimo quede exento", lo que abre la puerta a un nuevo conflicto entre PSOE y Sumar. Pero, además, los sindicatos tampoco lo ven con buenos ojos, y UGT, de hecho, ya se ha pronunciado y ha anunciado en un comunicado que "no firmará un acuerdo sobre el salario mínimo si este no queda exento de IRPF". "La prioridad del sindicato es garantizar que el importe del salario mínimo llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional", sostiene el sindicato.
