La compleja aritmética parlamentaria no da un momento de respiro al Gobierno. Apenas 24 horas después de que PP, Vox y Junts derribaran en el Congreso el decreto ómnibus que, entre otras medidas, prorrogaba las ayudas al transporte público, revalorizaba las pensiones y ponía en marcha nuevas ayudas para los afectados por la DANA, el Ejecutivo vuelve a recibir la presión de sus socios, en este caso los de izquierdas. Ante el silencio de la Moncloa, que no aclara si volverá a aprobar por decreto las medidas sociales y solo se ha abierto a "desmenuzarlas" en varios paquetes, Podemos exigió este jueves que lo haga de forma "urgente". Y los morados, al igual que ERC, EH Bildu y el BNG, han trasladado al Gobierno que en esos nuevos decretos no aceptarán ningún recorte.
Esa posición de los aliados progresistas del Ejecutivo complica una eventual nueva negociación con Junts, que tan solo se ha comprometido a apoyar la reactivación de las ayudas al transporte público y la subida de las pensiones si el Gobierno las lleva al Congreso en decretos separados. El decreto ómnibus, no obstante, incluía muchos más asuntos: ayudas para los afectados por la DANA y por el volcán de La Palma, prohibición de cortar los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión, incremento en los descuentos en el precio de la luz para los perceptores del bono social o la suspensión de los desahucios para familias "en situación de vulnerabilidad".
Junts, por ejemplo, ya avisó este jueves de que no comulga con las "medidas que retrasan el desalojo de los okupas", puesto que el decreto ómnibus incluía una medida que lleva en vigor desde el año 2021: la prohibición de desalojar a familias que no tengan otro techo y que residan ilegalmente en viviendas deshabitadas que pertenezcan a una empresa o a un propietario de más de diez pisos. Estos propietarios tienen derecho a solicitar una compensación económica al Estado por esta imposibilidad de desalojar a los okupas, pero tanto los independentistas catalanes como el PP critican que los propietarios no puedan expulsar a esas familias vulnerables a la calle.
No obstante, los socios de izquierdas del Gobierno no están dispuestos a tragar con ningún recorte en ese tipo de medidas sociales. EH Bildu aseguró este jueves en un comunicado que su compromiso es "trabajar sin descanso para que todas y cada una las medidas del decreto social se aprueben lo antes posible". Y, por si no era suficientemente clara esa afirmación, los abertzale especificaron que no quieren que salgan adelante "solo el aumento de las pensiones y las rebajas del transporte público, como pretenden los partidos de derechas que tumbaron el decreto, sino también todas las medidas que contenía el escudo social".
Para EH Bildu, señalaba el comunicado, es irrenunciable "la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para familias vulnerables, las transferencias a los ayuntamientos, el mantenimiento del salario mínimo interprofesional, las becas educativas, los programas de empleo juvenil, los recursos para abordar la salud mental, las ayudas a los agricultores afectados por los efectos climáticos, el apoyo a las pequeñas empresas y microempresas o las ayudas a la industria electro-intensiva y a los autónomos". Y el partido lanzó un aviso a la Moncloa: "Las condiciones idénticas que PP y Junts están imponiendo para intentar eximir y tapar su irresponsabilidad" no son "aceptables si dejan fuera todo el resto de medidas sociales".
Fuentes de ERC, por su parte, aseguran que están "absolutamente" de acuerdo con lo planteado por sus aliados vascos, y afirman que ya han hecho llegar al Gobierno que no cuente con su apoyo para aprobar ningún recorte en las ayudas. Para los republicanos catalanes, además, la cuestión ya no es solo ideológica, sino también estratégica: ERC no puede permitirse ceder en este asunto por la presión de Junts, con quien mantiene una encarnizada pugna en el seno del independentismo catalán que volvió a dejar escenas de mucha tensión en el pleno del Congreso del pasado miércoles.
En la misma línea, Podemos reclamó al Gobierno este jueves "que no ceda ante el chantaje de quienes quieren criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son aquellas que están en riesgo de desahucio". Pero no solo eso: los morados, además, exigieron que "el Consejo de Ministros apruebe un único decreto", no varios con las medidas separadas, "que contemple la prórroga de los descuentos al transporte público, la prórroga por un año de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler y la suspensión inmediata de los desahucios en precario, que se aprobaron a iniciativa del PNV". Y, sobre todo, que lo haga "cuanto antes", sin esperar varios días, como plantea la Moncloa.
La Moncloa se abre a "desmenuzar" las medidas
No hay fecha prevista para que el Gobierno intente resucitar las medidas del decreto caído, pero en Moncloa sí se abren a llevar iniciativas "de consenso" —como la revalorización de las pensiones o las rebajas en el transporte— por separado a un Consejo de Ministros. Es precisamente lo que le piden tanto el PP como Junts para salvar las ayudas: aprobar varias de estas medidas en decretos separados, aunque no todas. Y precisamente, llevarlas todas es lo que quieren sus socios de izquierdas. En cualquier caso, el Gobierno no manifiesta ninguna prisa para hacerlo, primero quiere que los ciudadanos noten los efectos de la caída de estas medidas con el objetivo de que calen sus críticas al PP y Junts por tumbar el decreto que las contenían y, a continuación, "estudiarán" los posibles consensos.
Por ello, ni el presidente del Gobierno ni ninguno de los ministros termina de aclarar qué pasará exactamente con esas medidas. "Son ellos los que tienen que aclarar qué quieren. No vamos a especular con escenarios", insisten fuentes de Moncloa, que aseguran que son los partidos que votaron en contra de los decretos los que tienen que moverse para "arreglar" lo sucedido. Pero lo cierto es que es el Gobierno el que tiene la potestad de aprobarlos, lo que podría hacer tanto en un Consejo de Ministros extraordinario como en el ordinario que se celebrará el próximo martes 28 de enero.
Es una posibilidad a la que se abrió este jueves la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque sin calendario previsto. En concreto, aseguró que el Ejecutivo estudiaría cuáles son las materias "de mayor consenso" a fin de negociarlas y poder sacarlas adelante, al tiempo que planteó una fórmula para ello: "Desmenuzarlas una por una" para que fuese más "difícil" rechazarlas.
