Álvaro García Ortiz, ante la posibilidad inminente de acabar procesado por el Tribunal Supremo, ha decidido pasar a la acción. Quedó claro el pasado miércoles en su declaración ante el juez que lo investiga, Ángel Hurtado, a quien acusó de partir de una "certeza que le impide descubrir la verdad". De una manera disimulada, García Ortiz acusó al tribunal de parcialidad y se mostró como la víctima de una causa injusta. Lanzó, por tanto, un mensaje que esconde tras de sí una estrategia procesal: el fiscal general del Estado tiene pensado pedir amparo al Tribunal Constitucional de mayoría progresista alegando que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales.
Esta alegación se basa esencialmente en la primera diligencia que ordenó el juez: el registro del despacho de García Ortiz y el volcado de su teléfono para analizar la información contenida en los últimos ocho meses —que luego pasaron a concretarse en ocho días, del 8 al 14 de marzo del año pasado—. La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal, recurrió esta diligencia ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. El escrito, aún pendiente de resolución, señala que la diligencia vulneró los derechos fundamentales de García Ortiz.
Que el fiscal general se considera víctima de una causa injusta es algo que García Ortiz no ha confesado nunca de forma directa —más explícitos han sido en Moncloa—. Sin embargo, es algo que quedó patente desde el momento en que rechazó dimitir tras ser imputado a mediados de octubre. Defendiendo su inocencia y su permanencia en el cargo, el fiscal estaba implícitamente negando la legitimidad de la causa. Precisamente este viernes, 13 fiscales de Sala del Supremo han pedido al fiscal general que se retracte de su decisión y dimita, ante el "intolerable" desprestigio que causa a la institución.
El miércoles, García Ortiz se negó a contestar las preguntas de Hurtado y dejó caer que el instructor no es parcial en su investigación, pues no hay otra forma de interpretar la siguiente afirmación: "[Usted] parte de una certeza que le impide descubrir la verdad". La tesis que maneja el fiscal general es que Hurtado se limita a intentar confirmar la hipótesis de la que parte, a corroborar la culpabilidad del fiscal general.
Pese a que García Ortiz mantiene aún a día de hoy una actitud de discreción a nivel mediático, algunos de los escritos que ha presentado su defensa —a cargo de la Abogacía del Estado— señalaron desde su imputación el desacuerdo del fiscal general con la instrucción de Hurtado.
Este choque tiene su origen en la primera diligencia que ordenó el magistrado del Supremo: registrar los despachos de García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y volcar el contenido de sus dispositivos electrónicos. La defensa de García Ortiz alegó que fue desproporcionado poner en manos de la UCO el contenido del teléfono de una de las más altas instituciones del Estado. Según expuso la defensa, exisitía un riesgo real de que información sensible del Estado cayese en manos de "terceros externos al tribunal". Lo que en realidad estaba alegando García Ortiz -imputado como presunto responsable de una filtración- es que el contenido de su móvil acabaría filtrándose. Tanto él como Pilar Rodríguez pidieron suspender cautelarmente el análisis de sus dispositivos, que en un inicio se había fijado entre el 8 de marzo de 2024 y el 30 de octubre de ese mismo año.
El juez no suspendió el análisis, pero rectificó y mandó a la UCO que solo recabara los mensajes intercambiados entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas claves de la filtración. Los mensajes de Pilar Rodríguez, efectivamente, acabaron filtrándose a los medios; pero no ocurrió lo mismo con los de García Ortiz, porque la UCO encontró "cero mensajes" en esas fechas. El fiscal general del Estado había cambiado de teléfono a la semana de ser imputado y a día de hoy se desconoce el paradero del móvil que usaba en el momento de los hechos.
El camino que lleva al Constitucional
Visto que García Ortiz sostiene que el instructor ha vulnerado sus derechos fundamentales y parte de una tesis "predeterminada" en sus pesquisas, las esperanzas del fiscal general se posan en el Tribunal Constitucional de mayoría progresista que preside el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido. Pero, tal y como señalan fuentes personadas en la causa, el investigado no puede recurrir al órgano de garantías sin antes agotar "todas las vías jurisdiccionales" en el Supremo.
Con lo cual, no podrá recurrir al Constitucional hasta que la Sala de Apelaciones del alto tribunal resuelva los recursos que presentaron tanto su defensa como la fiscal a cargo del caso, la número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde. El recurso que presentó la abogacía del Estado plantea la vulneración de varios derechos fundamentales. Por un lado, la defensa de García Ortiz alegó que el instructor no explicó al investigado las "razones o fundamentos" que motivaban el registro de su despacho. Ello supone, a juicio del recurrente, una vulneración del artículo 24 de la Constitución, en el que se recoge el derecho a un proceso "con todas las garantías".
Pero además, el recurso sostiene que el registro y volcado de dispositivos "no ha cumplido con la necesaria salvaguarda y protección de dos derechos fundamentales", en concreto "el derecho a la intimidad personal" y "el derecho a la protección del propio entorno virtual". Así, la defensa de García Ortiz sostiene que el análisis de la intervención de sus dispositivos requieren "de una justificación específica que pondere el singular riesgo de afectación del derecho a la intimidad".
Por otra parte, el recurso niega que existieran indicios de la culpabilidad de García Ortiz y acusa al juez de llevar a cabo "una investigación prospectiva" (algo contrario a la legalidad). La diligencia, concluye el recurso, no es proporcional: el juez no ha tenido en cuenta que el investigado es el fiscal general del Estado y que maneja informaciones especialmente sensibles.
Si la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, tras analizar el recurso, rechaza anular la diligencia que acordó el juez Ángel Hurtado, entonces el fiscal general del Estado presentará un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional confiando en que este declare la nulidad.
