El último órdago que Junts ha lanzado al PSOE por no tramitar su iniciativa para debatir la conveniencia de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza se ha traducido en dos semanas de "incertidumbre" e "inquietud" para el Gobierno. Carles Puigdemont anunció la suspensión de las relaciones sectoriales con los socialistas, lo que en la práctica entrañó un duro varapalo para el Gobierno: la caída de todas las medidas del decreto ómnibus. Finalmente, el presidente ha encauzado las relaciones al aceptar la tramitación de la iniciativa de Junts a cambio de pactar un nuevo decreto que incorpora las medidas sociales del anterior. Pero este órdago también ha tenido un efecto colateral: Sánchez ha terminado asumiendo que la única forma de contar con estos siete votos independentistas es negociar "partido a partido" y "sudando la camiseta".
Tras varios acercamientos al PP, advertencias al PSOE sobre las consecuencias de no cumplir los acuerdos y ademanes de tumbar varias iniciativas, Junts registró una iniciativa para instar a que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza. Un aviso a navegantes que, en un principio, el Gobierno calificó de "extemporáneo" e incluso de "marcianada" y no se tomó demasiado en serio. Tampoco el posterior anuncio de la suspensión de las negociaciones por parte de Puigdemont. Moncloa negaba por activa y por pasiva que las conversaciones estuviesen rotas, de hecho, confiaba en que no hubiese consecuencias directas respecto a las primeras votaciones del año en el Congreso de los Diputados, pero las hubo.
El día que se votaban tres decretos del Gobierno, entre ellos el que incorporaba la revaloración de las pensiones o las ayudas al transporte, Junts anunciaba su rechazo a todos ellos. Hubo enfado en Moncloa. Alegaban que el decreto estaba acordado y los posconvergentes se habían bajado del carro, pero lo cierto es que el acuerdo se había sellado antes de la ruptura anunciada por Puigdemont, algo que el Gobierno acabó reconociendo.
Finalmente, el pacto para remendar las relaciones y resucitar las principales medidas del decreto llegó 'in extremis' y después de que el Gobierno reconozca que ha "sudado la camiseta" y negociado "hasta la extenuación". Así lo expresó el presidente del Gobierno en una rueda de prensa cuya presencia no se esperaba hasta que no se conoció la fumata blanca del acuerdo. En la misma, escenificó el apretón de manos en remoto con Junts y pronunció las palabras mágicas para los posconvergentes: "Iremos partido a partido", respondió sobre las negociaciones que vienen por delante, entre ellas, las de los Presupuestos.
"Estos últimos días nos han enseñado muchas cosas, cosas que deberíamos reflexionar entre todos y tomar nota. A pesar de todas dificultades y de estar en minoría parlamentaria, este gobierno es el Gobierno de los acuerdos", abundó.
"Plantarse y aguantar la posición, que es lo que hacemos desde Junts, no es fácil; es seguramente la posición menos cómoda, pero hemos demostrado que es la única manera de hacer que las cosas pasen, de hacer que mejore la vida de la gente", defendió, por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que rechazó cualquier "trágala" del Gobierno y dejó claro que su partido seguiría con el "pieza a pieza" en lo que respecta a las negociaciones futuras.
Los socios apoyan el nuevo decreto
El acuerdo fue sellado por ambas partes y, en consecuencia, la Mesa del Congreso tramitará la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, algo que el presidente, que es quien tiene la última palabra, ya avanzó que no hará. En todo caso, no podrá esquivar el debate que retratará la posición de todos los grupos al respecto y, en este sentido, Junts ha preferido dejar en el aire la suya.
Por otro lado, el Ejecutivo ha logrado el compromiso de Junts para votar el paquete de medidas sociales del decreto ómnibus, lo que incluye la subida de pensiones de acuerdo al IPC, descuentos en el transporte o ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma.
También se mantiene la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que ocupen pisos de propietarios de más de diez viviendas (así como el derecho de los caseros a pedir una compensación económica al Estado) y se incluye una línea de avales del Estado para aquellos caseros que alquilen al índice de referencia de arrendamiento. Eso sí, Junts ha dejado a expensas de una negociación futura el paquete de medidas económicas.
Pero además del acuerdo con Junts, el Gobierno también necesita el apoyo de sus socios de izquierda para convalidar el decreto, aunque en esta ocasión no parece que vaya a tener problemas. El hecho de que se haya mantenido firme y no haya cedido a las exigencias de Junts de recortar las medidas de protección a las familias vulnerables contra los desahucios ha sido recibido con satisfacción por los socios progresistas del Ejecutivo, que durante la tarde del martes fueron dando, uno a uno, su beneplácito a lo acordado con los de Puigdemont.
Lo mismo ocurrió con el PNV, satisfecho por el hecho de que Sánchez haya mantenido su decisión de devolverles el palacete en París que le expropió en los años 40 la Gestapo nazi al partido.
Los nacionalistas vascos celebraron que el decreto reconozca "el modelo de pensiones mixto de LagunAro, en cumplimiento del pacto de investidura con el PNV", así como "la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte". Para la formación, también es una buena noticia "que el Estado sea quien asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupación", el término con el que la derecha llama desde hace unos meses a los arrendatarios que dejan de pagar el alquiler, sea por dificultades económicas o por cualquier otra circunstancia.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, festejó que el nuevo decreto mantenga sin cambios las medidas sociales contenidas en el texto derribado el pasado miércoles, y deslizó que "es positivo que Junts rectifique y apoye ahora" lo que rechazó la semana pasada, puesto que "gana, por fin, la ciudadanía". "El decreto se aprobará con todas las medidas del escudo social como exigimos: desde pensiones y transporte hasta prohibición de cortes de suministros y desahucios para familias vulnerables", reivindicó Aizpurua.
En términos similares se expresó Podemos, que en un comunicado afirmó que "los anuncios realizados hoy garantizan las medidas de protección social que había acordado con el Gobierno, que se pusieron en marcha durante la pasada legislatura de coalición" gracias al "esfuerzo" de los morados. Y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se preguntó irónicamente si "había que perder una semana para esto", un dardo envenenado hacia Junts, que no ha logrado acabar con las medidas sociales que quería recortar. Rufián calificó de "humo" el órdago que han echado los de Puigdemont en la última semana, pero también lamentó que envíe el "mal mensaje" de que "joder a la gente tiene premio".
