La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) continuará este martes con la huelga de reparto de butano en protesta por la inacción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante sus reivindicaciones al no convocar una mesa de diálogo.
La demanda de esta patronal es que el Gobierno garantice que sus transportistas reciban de los operadores una retribución de al menos 4,8 euros por bombona, frente a los 25 céntimos actuales.
Los convocantes denuncian que los repartidores de butano atraviesan una situación crítica desde hace años, como consecuencia de que el sistema de actualización de la retribución que perciben por cada bombona lleva más de una década sin actualizarse.
Coincidiendo con el primer día de suspensión del servicio domiciliario, el pasado 5 de noviembre, Transición Ecológica publicó el borrador de la orden ministerial que regula el precio del butano. Sin embargo, la Fedglp considera que está muy alejado de la retribución mínima necesaria que deberían recibir para cubrir los costes del reparto domiciliario.
Por ello, mantiene también la suspensión del reparto el 23 de diciembre. Además, hubo paros el 5, 13, 21 y 29 de noviembre y el 5 y 11 de diciembre. Sin embargo, el servicio de reparto domiciliario de bombonas no se suspenderá en la provincia de Valencia y en otras zonas afectadas por la reciente DANA, donde muchos hogares dependen de este suministro para su bienestar diario.
Esta huelga se plantea ante la inacción del Ministerio de Transición Ecológica y las condiciones impuestas por las petroleras que obligan a los distribuidores de butano a trabajar a pérdidas. Los paros afectan al reparto de más de 150.000 bombonas de butano que diariamente se suministran en toda la geografía española a más de seis millones de hogares.
Los convocantes explican que durante el periodo de suspensión las agencias de distribución no realizan entregas domiciliarias a particulares ni empresas, aunque siguen garantizando el suministro a los puntos de venta.
Además, aseguraron que la suspensión no afecta a los usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro.
