La improvisada reforma fiscal del Gobierno llega a su votación final en el Congreso con todos los escenarios aún abiertos. Tras la disparatada comisión que, el pasado lunes, terminó dando luz verde a última hora al texto después de una sesión de casi ocho horas, este jueves el pleno de la Cámara Baja se pronunciará de manera definitiva sobre la norma. Y, a menos de 24 horas de ese debate, el Ejecutivo no tiene todos los apoyos amarrados: baila, sobre todo, el de Podemos, que ha rebajado algo su planteamiento de máximos pero que exige al Ministerio de Hacienda que se comprometa públicamente a aprobar un impuesto a las empresas energéticas que, en la práctica, no quede en papel mojado.
Desde el lunes, el Gobierno no ha dejado de mantener contactos con todos sus aliados porque no puede permitirse el lujo de perder ningún voto: cualquier resbalón daría al traste con la reforma. En los últimos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero —muy criticada por todos los socios, también por Sumar, por cómo ha gestionado unas conversaciones que han terminado enquistándose y han puesto al Ejecutivo al borde del precipicio— ha sido sustituida al frente de la negociación por el titular de Presidencia, Félix Bolaños. Y este se ha centrado en convencer a dos grupos: Junts y Podemos.
Los independentistas catalanes insisten en que su apoyo a la reforma fiscal está garantizado siempre y cuando no se hagan cambios de última hora. Incluso, el partido que lidera Carles Puigdemont ha deslizado que estaría dispuesto a aceptar un impuesto extraordinario siempre que no ponga "en riesgo" inversiones en Cataluña. Junts había acordado eliminar por completo este gravamen, pero el pasado lunes, tras anunciarse por sorpresa un acuerdo de Hacienda con ERC, EH Bildu y el BNG para mantenerlo, logró que el Gobierno se comprometiera públicamente a que el nuevo impuesto a las energéticas no gravará a las empresas "que mantengan su compromiso para la descarbonización".
Con ese compromiso de Hacienda de diseñar un impuesto que puedan esquivar las empresas energéticas que hagan inversiones en energías renovables, Junts aspira a conseguir su gran obsesión: que el gravamen no afecte a Repsol, que ha amenazado con hacer recortes en su planta en Tarragona si tiene que pagar el impuesto por sus beneficios, que en 2023 ascendieron a 3.168 millones de euros netos. El problema para el Gobierno es que los cuatro votos de Podemos le son igual de imprescindibles para sacar adelante la reforma fiscal que los siete de Junts, y los morados insisten en que no van a tragar con un impuesto que se quede en apenas una medida simbólica: quieren un compromiso público, expreso y claro de Hacienda de que el gravamen será ambicioso.
El martes, la formación que lidera Ione Belarra se mostraba inflexible y aseguraba que el impuesto a las energéticas debía, al menos, mantener la capacidad recaudatoria del que está actualmente en vigor, cuya vigencia acaba el 31 de diciembre. Este miércoles, no obstante, Podemos rebajaba algo sus expectativas y fuentes moradas admitían que, en vista de la actual correlación de fuerzas, pueden conformarse con un gravamen que ofrezca alguna exención a las empresas que hicieran inversiones en descarbonización. La clave de la negociación, por tanto, es saber qué porcentaje del impuesto se podrán desgravar las compañías: Junts quiere una deducción enormemente amplia (algunas fuentes la cifran incluso en el 90%) y Podemos, lo más reducida posible.
El porcentaje de exención, clave
Este miércoles, Bolaños se reunió con Belarra para intentar acercar posiciones, pero el encuentro terminó sin acuerdo. El Gobierno intentó ofrecer a Podemos contrapartidas en alguna otra ley para lograr su voto favorable a la reforma fiscal este jueves y, además, que acepte un impuesto a las energéticas diseñado bajo los parámetros que quiere Junts. Pero fuentes de la dirección morada aseguran que no van a entrar en ese marco negociador: tan solo están interesados en lo que el Ejecutivo pueda ofrecerles en relación al gravamen energético y, aunque son relativamente flexibles en el porcentaje concreto de deducción para empresas que inviertan en descarbonización, rechazan de plano exenciones como la del 90% que, en la práctica, dejarían la tasa en nada.
Así las cosas, el miércoles terminó sin acuerdo para que Podemos se sume al bloque que votará a favor la reforma fiscal del Gobierno y desatasque su aprobación. "La estrategia del PSOE está siendo la presión sobre Podemos, y eso esta vez no va a funcionar", denuncia un dirigente morado, que además se muestra convencido de que la abstención no es una opción y de que el partido votará a favor o en contra. Ninguna posición está descartada hasta el mismo momento de pulsar el botón, pero lo cierto es que una abstención implicaría lo mismo que dar luz verde a la reforma fiscal, puesto que el Ejecutivo conseguiría 175 votos a favor por 171 en contra: un 'no' de Podemos provocaría un empate que, en último término, daría al traste con la ley.
Pese a las dificultades del Gobierno para alcanzar un acuerdo con los morados sin desairar a Junts, todas las fuentes consultadas, de diferentes partidos, coinciden en mostrarse optimistas y confían en que la reforma fiscal termine saliendo adelante, aunque sea en el último momento. Con quien no puede contarse para que salve la mayoría es con el PP, que el lunes pasado ya se desmarcó del texto tras amagar con apoyarlo y cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que "un país no puede gobernarse secuestrado por minorías con intereses contrapuestos". "Un país no puede gobernarse desde el ridículo institucional, como el que hace un día sí y otro no el Gobierno y sus aliados en el Congreso, ni puede estar sometido a los problemas políticos y judiciales de su presidente", espetó.
Una reforma con medidas de calado
El paquete fiscal que se vota este jueves, sin ser una reforma en profundidad de toda la estructura impositiva, incluye varias medidas de calado. En especial destaca la que, inicialmente, iba a ser la única disposición contenida en la norma: la transposición de una directiva europea para establecer en toda la UE un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que pagan las empresas multinacionales, con el fin de evitar la competencia entre Estados europeos que provoca, actualmente, que muchas grandísimas compañías tengan sus sedes radicadas en países como Irlanda para pagar menos impuestos.
Asimismo, entre las iniciativas fiscales que incluye la ley se encuentran las rebajas progresivas de impuestos a pequeñas y medianas empresas, así como la subida impositiva a las rentas del capital, que crecerá dos puntos a partir de los 300.000 euros ganados a través de dividendos, rendimientos, acciones o similares. Los grupos, además, aprobaron este lunes poner en marcha un nuevo impuesto especial para gravar los vapeadores y elevar la fiscalidad del tabaco, así como una bajada impositiva para los artistas con ingresos irregulares.
Otras enmiendas de las que se discutieron el lunes no salieron adelante y, en su mayoría, volverán a debatirse y votarse este jueves. Es el caso, por ejemplo, de la que prorroga a partir del 1 de enero el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, que el lunes derribaron ERC, EH Bildu y el BNG pero que ahora han pactado apoyar como parte del acuerdo que firmaron con Hacienda. Asimismo, volverán a votarse dos enmiendas pactadas por el PSOE y Sumar que no salieron adelante el lunes: una para acabar con la ventaja fiscal de la que disfrutan las llamadas socimis, que los socialistas derribaron por sorpresa, y otra para subir al 21% el IVA de los pisos turísticos, que no salió adelante por la oposición de PNV y Junts.
