Existen razones históricas, evidencias empíricas, motivos de justicia social y argumentos jurídicos que avalan la reducción de la jornada laboral, sin reducción de salario, a 37,5 horas semanales.

Hace más de 100 años que no se acomete una reducción de la jornada máxima por debajo de las ocho horas diarias en España, y más de 40 que no se altera el umbral de las 40 horas semanales, a pesar de las muy distintas condiciones económicas, laborales y sociales que, sin duda, caracterizan a la sociedad actual frente a la de los años 80. Esta congelación nos sitúa muy lejos de una aplicación correcta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las evidencias empíricas dicen que mientras que la productividad del trabajo aumentó un 15,3% entre 1995 y 2022, la remuneración real por persona asalariada creció muy por debajo, un 1,2%. Esto proporciona un margen considerable para reducir la jornada sin recortar salarios.

Referida a la igualdad de género, las normas regulan derechos para garantizar que los trabajadores dispongan de tiempo para cuidar. No obstante, en relación con los permisos, el porcentaje de uso es muy superior entre las mujeres. La distancia con los hombres es especialmente intensa en las excedencias y reducciones de jornada, es decir, cuando no existe remuneración. Estos datos permiten afirmar que una disponibilidad de tiempo libre se traducirá en un reparto más igualitario de las tareas de cuidado.

No es un capricho político, es una demanda histórica de la clase trabajadora

Más allá del derecho a cuidar, la reducción de la jornada laboral resulta imprescindible para la existencia de un verdadero derecho a la conciliación. Se debe salvaguardar el derecho de las personas trabajadoras a cuidar, pero sin olvidar que también tienen derecho a vivir.

Esta reducción tendrá un impacto similar a la subida del SMI: incentivará a las empresas a competir en calidad en lugar de recurrir a la precarización como herramienta para colocar sus servicios en el mercado.

Además, son múltiples los estudios que demuestran que jornadas más reducidas conducen a entornos laborales más eficientes y menos estresantes, lo que se traduce en una mayor calidad de los servicios, así como en un menor absentismo y una mejora de la productividad. Por último, la reducción no solo es imperativa para cumplir con el acuerdo del Gobierno de coalición, sino que responde a demandas legítimas de la ciudadanía.

En un contexto de creciente desafección política y desconfianza hacia las instituciones, cumplir con lo prometido fortalece el vínculo entre representantes y representados al enviar un mensaje claro: los y las gobernantes están empeñadas en transformar sus palabras en hechos.

La reducción de la jornada laboral no es un capricho político, es una demanda histórica de la clase trabajadora. Después de 11 meses de negociación en el diálogo social, es hora de que el Gobierno ceda el protagonismo al Congreso para que las y los representantes elegidos directamente por la ciudadanía tomen el mando sobre esta cuestión.

En conclusión, reducir la jornada laboral a 37,5 horas es una oportunidad para construir un modelo laboral más justo, sostenible y eficiente, demostrando que las instituciones democráticas están al servicio del bienestar colectivo