El sector nuclear lleva meses advirtiendo de que la cantidad de impuestos que paga cada año hace "inviable" esta actividad y advierte al Gobierno de que con la actual carga impositiva no podrá seguir operando más allá del calendario previsto de cierre, algo que considera necesario para garantizar el suministro eléctrico en los últimos años. Dentro de la "asfixia" fiscal que denuncian las propietarias de las centrales -Iberdrola, Endesa y Naturgy- existe toda una macedonia de impuestos y tasas entre los que destacan los que recauda el Gobierno central y la tasa que tienen que pagar por que la Empresa Estatal de Residuos Radioactivos (Enresa) se haga cargo de la gestión de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las centrales cuando llegue el momento de su cierre. La llamada 'tasa Enresa', que en 2025 supondrá un 36,6% de los alrededor de 1.500 millones que pagará todo el parque nuclear, casi lo mismo que el 35,5% en impuestos estatales.
Para este año, las cinco centrales nucleares activas en España -que suman en total siete reactores- pagarán algo más de 1.500 millones en impuestos y tasas, de acuerdo a un análisis de su carga fiscal de PWC. Entre ellos hay gravámenes de todo tipo, como la tasa a la Guardia Civil por destacar equipos de agentes de respuesta a posibles amenazas antisociales de origen humano que puedan determinar o elevar el riesgo de robo o sabotaje" y que se cobra por agente y año y, en 2015 cuando fue introducida, oscilaba entre 48.700 euros por tres años para unidades ya implantadas y casi 70.000 por unidades en despliegue.
Esta tasa la recauda la Administración General del Estado, como, al final, también la tasa que las nucleares pagan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por las inspecciones de los reactores e informes que emite sobre su seguridad. La propietarias también abonan el bono social, que se recauda entre las empresas productoras de electricidad que, a su vez, revierten en los consumidores finales en la factura de la luz.
La cuestión impositiva se ha convertido en la reclamación más clara del sector nuclear a ojos del Gobierno, que asegura no saber todavía qué es lo que quieren realmente las propietarias de las centrales nucleares. Hasta el momento ninguna de las propietarias ha pedido oficialmente extender las licencias para operar más allá del plazo establecido en el calendario de cierre y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reiterado en varias ocasiones su oposición a que sean los ciudadanos quienes tengan que sufragar los impuestos que dejen de liquidar las centrales nucleares.
Esta semana, Iberdrola y Endesa insistieron en mantener un "diálogo" sobre su futuro con Aagesen y se llegó a difundir la posibilidad de pedirlo de forma conjunta mediante una carta que negó el CEO de Endesa, José Bogas, y de la que este viernes la vicepresidenta todavía no tenía noticias. "No he podido ver ninguna carta y, si la he recibido, lo sabré muy pronto", dijo desde Murcia, donde estuvo de visita desde el miércoles. "No sé qué piden", dijo en respuesta a si el Gobierno estaría dispuesto a revisar el calendario de cierre.
Tasa Enresa e impuestos estatales
El mayor peso fiscal es el de la 'tasa Enresa', que se lleva la mayor parte de la recaudación, 573,2 millones, un 36,6% del total. Lleva en el nombre la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, grava su gestión y el desmantelamiento de las centrales nucleares cuando llegue el momento -entre 2027 y 2035, según el actual calendario de cierre- y se ha convertido en el principal caballo de batalla de las propietarias contra el Gobierno porque denuncian que, a la subida del 20% pactada en 2019 que se hizo efectiva entonces, se ha sumado una nueva, la que se aprobó el año pasado, un 30% de la estipulada cinco años atrás. El año pasado, las eléctricas llevaron su rechazo a esta nueva subida hasta el Tribunal Supremo por el "coste muy superior al previsto inicialmente" sin que por el momento haya habido un fallo.
La 'tasa Enresa" se reparte de manera prácticamente igual entre los siete reactores, de manera que pagan más las centrales que tienen dos, Almaraz y Ascó, con 166 millones anuales. Las centrales de Trillo, de Confrentes y de Valdellós, con un solo reactor, pagarán este año entre 79,8 y 8,4 millones por este concepto.
Además de este impuesto particular al sector nuclear, las centrales deben hacer frente al pago de impuestos municipales -como el IBI-, autonómicos y sobre todo estatales, que se llevan la segunda parte más importante de la tarta fiscal de las nucleares. En total, suman el 35,5 del total, más de 555 millones entre los que hay tributos que paga cualquier empresa y otros vinculados específicamente a la energía. Entre ellos, uno que subleva especialmente a las propietarias de las centrales, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado que, denuncia el sector, grava doblemente y es como si al propietario de un automóvil se le hiciera pagar impuestos por la gasolina que lo hace funcionar y, después, otra vez por haberlo gastado. Por este concepto, las centrales nucleares pagarán 286,1 millones este año, según el análisis de PWC.
También es estatal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que pagan todas las empresas generadoras de electricidad, sea mediante la tecnología que sea -también renovable, por ejemplo-. En el caso de las centrales nucleares, en 2025 pagarán entre 37 y 38 millones por reactor, de modo que las que tienen dos, Almaraz y Ascó, pagarán el doble 77,7 millones el el caso de la extremeña y 77,8 millones en el de la catalana, según las estimaciones de PWC. Este impuesto estuvo suspendido entre 2021 y 2023 como una de las medidas para hacer frente al aumento de la inflación y podría volver a suspenderse si finalmente prospera en el Congreso la iniciativa que pactaron para ello el PP y Junts.
Como cualquier otra empresa, las propietarias de las centrales nucleares también tienen que tributar al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), también de recaudación estatal.
Page no recauda; Extremadura se resiste
El 16,9% de la presión fiscal de las centrales nucleares son impuestos que recaudan las comunidades en forma de ecotasa por las afectaciones por el medio ambiente y entre las que existen diferencias más diferencias que en los anteriores tributos. Por una parte, Castilla-La Mancha no recauda ningún impuesto autonómico a la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, de modo que el resto se reparte los 264,1 millones que previsiblemente pagarán por un concepto que se considera una menudencia -'peanuts', en expresión anglosajona- comparada con el montante de la 'tasa Enresa', donde está la cuestión mollar de las denuncias de "asfixia fiscal" que hacen las propietarias de las centrales.
Con dos reactores, la central de Almaraz, en Cáceres, pagará este año 83,8 millones en ecotasas -menos de 42 por reactor- y con otros dos, Ascó deberá abonar 111,4 millones, 55 millones por reactor. También en Cataluña, la ecotasa de Valdellós II será de 54,5 millones y la Generalitat Valenciana recaudará 14,4 millones en la central de Cofrentes.
A la diferencia entre esta tasa en Extremadura y Cataluña se refirió esta semana la presidenta extremeña, María Guardiola, una de las mayores abanderadas políticas en contra del cierre de la central de Almaraz -sus dos reactores son los primeros según el calendario, 2027 y 2028- y a quien Vox le pide que elimine la ecotasa, el único impuesto que depende del Gobierno regional.
En respuesta a esta petición -que, en teoría, va a convertirse en una proposición no de ley que Vox todavía no ha registrad en la Asamblea de Extremadura-, Guardiola afirmó que estaría dispuesta a revisar su ecotasa, si el Gobierno central "cuando lo haga el Gobierno de España" o Cataluña, donde el impuesto autonómico a las centrales nucleares es más alto que en su región.
