"No vamos a parar hasta dar solución a la vivienda". Esa es la consigna que los socialistas repiten desde el inicio de la legislatura y que será uno de los principales ejes del Congreso Federal del partido que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. El dilema es cómo cumplir con ese objetivo, algo que tampoco resuelve la ponencia marco del PSOE, que será el hilo conductor y discursivo del cónclave.
En el texto hay un punto que contrasta con lo que venía defendiendo el partido, que ahora plantea posibilitar "legalmente" que sean los ayuntamientos y no las comunidades los que establezcan las zonas tensionadas. Sin embargo, juristas consultados por 20minutos ya avanzan que esta medida podría ser "inconstitucional" y acabar anulada si una comunidad autónoma la recurriera ante el tribunal de garantías.
El PSOE no aclara qué modificaciones legales pretende hacer para que esta competencia autonómica pase a ser municipal, aunque se reafirma en su objetivo. Ponen de ejemplo las comunidades que, de momento, han puesto en marcha declaraciones de zonas tensionadas, Cataluña y País Vasco, ninguna de ellas gobernadas por el PP. "Si el PP no hace su trabajo, lo haremos nosotros", aseveran fuentes de Ferraz. Sin embargo, la fórmula para hacer ese "trabajo" se antoja mucho más complicada que una declaración de intenciones.
Las zonas tensionadas son la medida estrella de la ley de vivienda, ya que permiten desplegar una serie de mecanismos extraordinarios allí donde los precios son especialmente altos. En concreto, permite aplicar como tope a los nuevos contratos de alquiler el índice estatal de precios de referencia -ofrece un rango máximo y mínimo de precios según la zona y las características de cada vivienda-, siempre y cuando se trate de un piso propiedad de un gran tenedor o que se alquile por primera vez en cinco años.
También abre la puerta a implantar bonificaciones fiscales para los caseros del 50% si alquilan su inmueble como vivienda habitual, del 60% si lo rehabilitan, del 70% si el inquilino es menor de 35 años o es vulnerable y del 90% si rebajan más de un 5% la renta con respecto al último contrato, una vez aplicada la correspondiente actualización anual.
Este mecanismo está pensado para barrios y municipios en los que los vecinos dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca -incluidos los suministros básicos- o donde el precio de la vivienda se haya incrementado al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
Una decisión autonómica
La ley aprobada en la pasada legislatura establece que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de solicitar al Ministerio de Vivienda la declaración de zona tensionada en aquellos puntos de su territorio que se encuentren en esta situación. Recibida la solicitud, que ha de acompañarse de un plan de medidas para abordar el problema, el departamento de Isabel Rodríguez da el visto bueno a las medidas y aprueba la declaración, que entra en marcha a partir de su publicación en el BOE.
Por el momento, las zonas tensionadas solo están activas en Cataluña. La comunidad presidida actualmente por Salvador Illa cuenta con 271 municipios reconocidos como tal -concentran al 90% de la población catalana-, después de que a principios de octubre se ampliara la declaración inicial aprobada en marzo. Hace apenas un mes País Vasco declaró Errenteria como zona tensionada, aunque el reconocimiento todavía está pendiente de la aprobación estatal. El Gobierno vasco prevé ampliar la declaración a otros siete municipios más, entre ellos las capitales de provincia. También Navarra ha empezado el proceso esta semana para activar este mecanismo en 21 municipios y Asturias está trabajando para aplicarlo en dos barrios de Gijón. Castilla-La Mancha sería así la única comunidad socialista que no ha movido ficha.
En el resto de España, hay ayuntamientos que han pedido a sus comunidades el reconocimiento como zona tensionada, aunque sin frutos. Es el caso, por ejemplo, de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe y Rivas en Madrid. Las comunidades gobernadas por el PP rechazan de plano esta medida, al considerar que el control de precios redundaría en una menor oferta y una subida de los alquileres.
Lo ven como un intento de intromisión en sus competencias y recuerdan que la declaración de zonas tensionadas no es obligatoria, al mismo tiempo que rechazan que el ministerio trate de presionarlas amenazando con una menor financiación para quien no aplique el mecanismo previsto en la ley de vivienda. Y es que Rodríguez ha recalcado en reiteradas ocasiones que, al amparo de la ley de vivienda, el Estado premiará con "fondos extraordinarios" a las autonomías que den el paso.
Hay "invasión de competencias"
El Partido Socialista quiere intentar por todos los medios que las zonas tensionadas se declaren a lo largo y ancho de España, pero el PP tiene un enorme poder territorial y está decidido a obstaculizar la estrategia socialista. La medida que plantea el PSOE para esquivar estos escollos podría ser legalmente inviable, según afirman fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Algunas incluso se aventuran a señalar que "si la medida se implantase a través de una ley estatal, probablemente acabaría recurrida por alguna comunidad autónoma y se declararía inconstitucional por invasión de competencias".
"Posibilitaremos legalmente que sean los ayuntamientos los que establezcan la definición de zona tensionadas", explica la ponencia marco del PSOE, sin mayor detalle. Pero las competencias para hacerlo son de las comunidades autónomas, tal y como se reconoce en la propia Constitución. El artículo 148 de la Carta Magna dice que "las comunidades autónomas podrán asumir competencias" de "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda". Son los estatutos de las comunidades los que indican que la competencia en estas materias es "exclusiva".
Las fuentes consultadas por 20minutos inciden en que la ley de vivienda da el poder a "las administraciones competentes" para declarar zonas tensionadas. Por eso mismo, apuntan que sería posible ceder esa competencia a los ayuntamientos, pero tendría que ser a través de una ley aprobada por la correspondiente comunidad autónoma. Si se hace a través de una ley estatal, "se estarían invadiendo las competencias autonómicas", lo que hace inviable que la norma pasara el filtro del Constitucional. "Resulta imposible, la propuesta es un brindis al sol", explica uno de los juristas consultados.
Otro explica que "en materia de vivienda, entran en juego principios como la propiedad, el derecho a una vivienda digna... y por tanto puede tocar aspectos que son competencia del Estado". El jurista pone de relieve que, aunque el artículo 148 de la Constitución habilita a las comunidades para asumir las competencias de vivienda, el 149 habilita al Estado para regular "las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos". Sin embargo, ante este conflicto de competencias, concluye que "a reserva de poder ver en qué se concreta la medida, hay claros problemas de su viabilidad".
