Patada para adelante en el Congreso con la ley para establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, una norma en la que el PSOE ha pactado con Junts no extender más allá del 31 de diciembre el gravamen extraordinario a las empresas energéticas que ha estado en vigor los dos últimos años. Este miércoles, el texto quedó listo para su aprobación en comisión el próximo lunes. Y lo hizo sin despejar las dudas sobre si saldrá o no finalmente adelante, puesto que los socialistas se negaron a introducir ninguna de las enmiendas de sus socios de izquierdas y, además, mantuvieron la eliminación del impuesto a las energéticas, que ha causado muchísimo malestar entre estos aliados y que, incluso, pone en duda que el conjunto de la reforma pueda aprobarse.
El próximo lunes el texto se debatirá en comisión, el último paso antes de que llegue al pleno del Congreso para su votación final. Todos los grupos han mantenido vivas sus enmiendas, por lo que el trámite de este miércoles no es el final de nada, aunque sí una muestra de lo encontradas que se encuentran las posturas del PSOE, por un lado, y Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, por el otro. El cambio más importante que exigen estos grupos de izquierdas, aun con matices entre sus diferentes propuestas, es establecer en la norma expresamente el mantenimiento del impuesto extraordinario a las empresas energéticas. Pero también han planteado la necesidad de subir la fiscalidad al tabaco, gravar a los vapeadores, reformar el impuesto de sociedades o subir los tributos que pagan las rentas del capital.
Los socialistas se negaron a aceptar ninguna de estas modificaciones, por lo que el próximo lunes todas ellas volverán a debatirse y votarse. El problema es que, hoy por hoy, no tienen asegurados los apoyos para que el texto completo salga adelante, por lo que podría caer ya en esa fase de la tramitación antes de llegar al pleno. Por ahora, solo Podemos ha amenazado expresamente con derribar la ley si el PSOE no rectifica y se abre a mantener el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, aunque EH Bildu o ERC también han expresado su disgusto y han exigido a los socialistas que negocien con ellos.
En cualquier caso, incluso aunque la proposición de ley superase el próximo lunes la votación en la comisión, su aprobación final no estaría garantizada. Con lo justas que son las mayorías parlamentarias en las que se apoya el Gobierno, si Podemos vota en contra de la norma cuando llegue a pleno dentro de unas semanas, habría un empate a 175 votos en la Cámara Baja que podría acabar dando al traste con la ley. Y eso suponiendo que ni ERC, ni EH Bildu, ni el BNG o incluso ni Sumar se descuelguen, lo cual está por ver.
Habida cuenta de esta situación, los próximos días serán claves para determinar el futuro de una norma clave para la política fiscal del Gobierno. Aunque no han llegado tan lejos como Podemos, EH Bildu avisó hace unos días al PSOE de que sus votos "nunca estarán al servicio de quienes pretenden acabar con una medida de sentido común como los impuestos a banca y energéticas, apoyados ampliamente por la sociedad vasca". ERC, por su parte, también se opone frontalmente a esta eliminación, aunque considera que existe margen para la negociación y propone establecer deducciones en ese impuesto a los beneficios extraordinarios de estas empresas energéticas siempre y cuando inviertan en proyectos de generación de energía verde.
El problema para el PSOE, no obstante, es que si cediera por la izquierda, los apoyos se le resquebrajarían por la derecha. Los socialistas han decidido ceder a las exigencias de Junts —que en relación al impuesto a las energéticas ha actuado en perfecta sintonía con las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec—, y deshacer ahora ese acuerdo supondría un desaire a su socio más impredecible. Pero es que, además, ese acuerdo entre el PSOE y Junts trasciende esta ley, puesto que los socialistas llevan semanas negociando discretamente con el partido de Carles Puigdemont para encarrilar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que por ahora está en el alambre.
