Alberto González Amador ha solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias, declarar de forma voluntaria en la pieza separada abierta para que se investiguen posibles nuevos delitos -diferentes a los fiscales-, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la apertura de diligencias a instancias de la acusación popular, conformada por el PSOE y Más Madrid, para investigarlo por haber hecho uso, presuntamente, de una sociedad instrumental para "ocultar ingresos" del Grupo Quirón.
A través de un escrito, la defensa de González Amador pide a la magistrada que se acuerde "tan pronto lo permita la agenda del Juzgado, la declaración de Alberto González Amador con el fin de clarificar cualquier extremo relacionado" con esta investigación paralela. Reclama también que la acusación popular -PSOE y MM- sea expulsada del procedimiento.
En otro documento, los abogados solicitan que se suspenda la pieza principal en la que se instruye la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, al considerar que resulta "incompatible" la existencia de delito fiscal con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de "una actividad delictiva".
Sin declaraciones
Alberto González Amador compareció el pasado lunes ante la magistrada, pero se acogió a su derecho a no declarar, aconsejado por sus abogados, hasta que se resuelva el recurso y porque afectaría a la causa por la que se le investiga.
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalan los jueces. La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar ingresos" del Grupo Quirón -que debían haber sido declarados-.
Nuevos delitos
La pieza separada se ha abierto para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L. mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L. -la empresa de González Amador- y su cliente, Quirón Prevención S.L".
La resolución analiza "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad Materman S.L. para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entiende que, detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber una "administración desleal", tal y como apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción de los negocios. Dice que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse a la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman, o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió ya que, como resultado de esas actuaciones, la empresa de González Amador facturó a ambas empresas más de 2 millones de euros en 2020".
