El Gobierno está dispuesto a reconducir el desastre que supuso para el rechazo a su decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Y lo haría "desmenuzando" el texto para sacar adelante las medidas que "sean necesarias", según explicó este jueves la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es algo que el Ejecutivo está estudiando, aunque no ha dado más detalles. El presidente, Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a culpar de lo ocurrido al principal partido de la oposición por causar "dolor social".
"Las explosiones y las excusas de la oposición no convencen a nadie", afirmó Montero desde la feria Fitur, en Madrid. Acusó a los populares y a "otros grupos" de usar a los ciudadanos "como rehenes" con el fin de "infligir" una "derrota" al Gobierno; añadió que su voto no tuvo sentido "si estaban de acuerdo con las pensiones". La ministra avanzó que el Ejecutivo analizará qué iniciativas del decreto son las "de mayor consenso y cuáles no" para solucionar el asunto y que la oposición tenga "difícil" decir no.
"Hay que pedir a estos grupos que abandonen la oposición destructiva. El Gobierno ha hecho su tarea, proponer un escudo social. ¿Los ciudadanos les votaron para que no se revalorizaran las pensiones, que no llegaran las entregas a cuenta a las CCAA, que no hubiera descuentos en el transporte?", añadió Sánchez en esta línea en una rueda de prensa en Valencia. El presidente no mencionó la posible maniobra de su Gobierno para trocear el decreto y dejó la pelota en el tejado de PP, Junts y Vox: "La convalidación la tienen que hacer ellos".
Tanto populares como posconvergentes han mostrado ahora su disposición a aprobar algunas de las medidas concretas que decayeron el miércoles, como la subida de pensiones con el IPC o los descuentos en el transporte público. De hecho, Montero les reprochó que podrían haber enmendado el decreto durante su tramitación y que ahora los "tiempos" jugarán en contra de los ciudadanos, las "víctimas". Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo seguirá dialogando con todos.
Por otro lado. el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó desde Madrid su posición asegurando que el Gobierno "está utilizando a los pensionistas como escudos humanos". "Para nosotros, las pensiones y los pensionistas son sagrados. Utilizarlos de rehenes es inadmisible", valoró, evitando hablar sobre la repercusión electoral que podría tener el voto en contra de su grupo. El dirigente dijo que si el Ejecutivo hubiera llevado las medidas por separado, habría obtenido apoyos.
"Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público y no a la subida del IVA la luz y los alimentos; sí a las ayudas a Valencia y no a la okupación ilegal de las viviendas", añadió, tildando el ómnibus de "decreto trampa".
Los aliados del Gobierno en el Congreso le urgieron a que presente cuanto antes otro u otros decretos que solventen la situación y advirtieron de que no admitirán recortes en ellos. Así, EH Bildu dijo en un comunicado que su compromiso es "trabajar sin descanso para que todas y cada una las medidas del decreto se aprueben lo antes posible", sobre todo las del "escudo social". "Las condiciones idénticas que PP y Junts están imponiendo para intentar eximir y tapar su irresponsabilidad" no son "aceptables si dejan fuera el resto de medidas sociales", añadieron.
En la misma línea, Podemos reclamó al Gobierno "que no ceda ante el chantaje de quienes quieren criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad". Pero no solo eso: los morados, además, exigieron que "el Consejo de Ministros apruebe un único decreto", no varios con las medidas separadas, "que contemple la prórroga de los descuentos al transporte público, la prórroga por un año de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler y la suspensión inmediata de los desahucios en precario, que se aprobaron a iniciativa del PNV".
En cuanto a Junts, solo se ha comprometido a apoyar la reactivación de las ayudas al transporte público y la subida de las pensiones. Y ya avisó este miércoles, por ejemplo, de que no comulga con las "medidas que retrasan el desalojo de los okupas".
