Antes de la llegada de la DANA, Valencia ya tenía varios retos sobre desigualdades en sus barrios. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es cuatro puntos superior en la Comunidad Valenciana respecto a la tasa nacional, y entre 2022 y 2023 empeoró tres puntos porcentuales.

Afortunadamente, ya se han anunciado un conjunto de medidas y ayudas para responder a la situación de emergencia y reconstrucción de miles de personas y hogares afectados en Valencia y otras comunidades autónomas. Toda ayuda es poca.

Aunque el agua ha destrozado toda documentación que tendrán que recuperar, los requisitos para solicitar dichas ayudas son relativamente sencillos: contar con un DNI o NIE, disponer de una cuenta bancaria, contar con un contrato de trabajo, o de alquiler o hipoteca a su nombre; o tener título de propiedad del vehículo perdido, entre otros. Nada fuera de lo común.

Sin embargo, se estima que alrededor de 41.000 personas, que son vecinos y vecinas de la provincia de Valencia, corren el riesgo de no poder acceder a ninguna de esas ayudas públicas que ya están en marcha. Porque para ellas, cada uno de esos requisitos es algo imposible de alcanzar.

Ya antes de que llegara la DANA a sus vidas se encontraban en una situación extremadamente compleja y difícil. Nunca lograron empadronarse en el municipio donde residen, porque se les negó ese derecho. No cuentan con un permiso de residencia y trabajo en España, porque la Ley de Extranjería sigue excluyendo a miles de personas del derecho a residir en España y contar con sus obligaciones y derechos como ciudadanos. Trabajan en la economía sumergida, en sectores muy precarizados, con alta parcialidad y temporalidad y sin ningún contrato que ahora las proteja y a través del cual puedan solicitar que se active el ERTE.

Con ingresos tan precarios, se ven obligados a vivir alquilando habitaciones, en locales convertidos en viviendas precarias, en pisos donde su nombre nunca constó en ningún contrato de alquiler ni de suministros básicos.

Al no tener NIE o empadronamiento, tampoco tienen acceso a abrir una cuenta bancaria, ni a solicitar ayudas de protección social. El ingreso mínimo vital (ahora ampliado) nunca será una opción para esas personas.

Son vecinos y vecinas de esos municipios, trabajan aportando a la economía local, recogiendo fruta en los campos valencianos, cuidando a niños y ancianos en nuestras casas, haciendo labores de servicios básicos para el conjunto de la población.

Según datos de Oxfam Intermon, la Comunidad Valenciana presenta una tasa de pobreza laboral del 13,8% y cuenta con un total de 273.546 personas y 223.720 hogares en situación de pobreza laboral. En el sector primario y entre las trabajadoras del hogar con gran presencia de personas migrantes sin derechos, dicha tasa es muy superior y ronda el 30%.

Día que no trabajan, día que no ingresan nada en su hogar. No cuentan con una red familiar amplia en muchos casos

La inmensa mayoría de estas personas han perdido su trabajo y eso implica que no tienen ningún ingreso o cobertura social al que acogerse. Día que no trabajan, día que no ingresan nada en su hogar. No cuentan con una red familiar amplia en muchos casos. Y por la precariedad laboral que enfrentan, ya antes de la DANA, les era imposible ahorrar o crear un colchón para responder ante emergencias sobrevenidas.

Desde el inicio de este desastre, estas personas han estado trabajando en recoger agua de las calles, de las viviendas, de los garajes, aportando su tiempo y su apoyo, como lo han hecho el resto del pueblo valenciano y miles de personas voluntarias de muchas ciudades de España. Se han sumado a ese trabajo de recuperación, porque han hecho una vida en esos municipios comparten el dolor de lo que han vivido, como al resto de la sociedad valenciana y española. Y a pesar, de ser igualmente víctimas de semejante desgracia hay quien no ha cesado en sus discursos xenófobos y llenos de bulos racistas para seguir alimentando el odio incluso en una situación tan desgarradora como la que han vivido.

Y pese al dolor y al miedo, también a los esfuerzos por recuperar sus pueblos y casas, su vida, pareciera que son invisibles en esta respuesta a la emergencia y que su situación no preocupa a ninguna administración pública. Ya aprendimos en el COVID que sólo se avanza como sociedad y país, si no dejamos a nadie atrás. Y que una recuperación no es tal, si en el camino se quedan personas, colectivos o sectores fuera de esa senda.

Por eso, es urgente que se definan medidas específicas que sí tengan en cuenta la realidad de estas miles de personas que viven en Valencia y que también son víctimas, perdiéndolo todo en esta DANA.

Esta situación de emergencia y crisis se vuelve todavía más urgente que se aprueben marcos regulatorios que pongan fin a la situación de invisibilidad y vulnerabilidad absoluta que enfrentan, día a día, miles de personas en nuestro país. Es fundamental que se apruebe la regularización extraordinaria de miles de personas que viven en España, pero que no tienen ningún derecho reconocido aún y que ha sido demandada y apoyada por más de 700.000 personas a través de la Iniciativa Legislativa Popular. Y es absolutamente necesario que la Reforma al Reglamento de Extranjería, que está pendiente de aprobación en los próximos días, dé respuesta inminente a todas estas personas y familias que se ven ahora en la calle y sin ningún tipo de protección; sin presente ni futuro