Está todavía por dilucidar con exactitud qué pasó en la reunión del Centro de Cooperación Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana, presidida por la consellera Salomé Pradas, la fatídica tarde/noche del 29 de octubre pasado pero está claro que se actuó con lentitud e ineficacia manifiesta. Y que la ausencia del presidente Mazón, aunque no estuviera obligado por ley a personarse, es inexplicable e injustificable políticamente.
Al fenómeno natural se respondió con una ineptitud inversamente proporcional. Mientras las aguas se desplegaban con una rapidez terrorífica y una capacidad destructora fuera de toda medida, los organismos implicados se perdían en una maraña de wasaps y un laberinto de dudas que retrasó el envío de la alerta a la población hasta las 20.10. El mensaje llegó tarde para muchas de las 227 víctimas, según el auto de la jueza de Paiporta y, para más desolación, tampoco está claro si hubiera servido de mucho de ser enviado antes, ya que era un texto genérico que no daba instrucciones clave, como la de evitar plantas bajas o garajes.
En este escenario dramático y complejo, el presidente Mazón se ha colocado en una situación constantemente contradictoria y a la defensiva. Tras su ausencia injustificada mientras se desencadenada la catástrofe, se aferró al mando y se empeñó en no delegar la competencia en el Gobierno de la nación, pese a la clara indicación de Feijóo. Justamente por eso, al colocarse como máximo responsable, se ha situado como objetivo de todas las preguntas y de todos los reproches.
Antes de esclarecer qué fallo o asumir una mínima responsabilidad, dio una patada demasiado larga hacia adelante al vincular su futuro político a la reconstrucción. Y ahora, una vez en marcha la actuación judicial, ha dado un giro sorpresa, al hacer público un vídeo en el que se le ve llegando al Cecopi cuando la reunión había terminado y ya se había enviado el mensaje de alerta, lo que ahonda su responsabilidad política pero buscaría eludir la penal.
Si Mazón buscaba con su obstinada resistencia, repartir responsabilidades con el Gobierno de la nación, está claro que está consiguiendo justamente lo contrario. Sería de gran interés para la ciudadanía y para la prevención de otras tragedias establecer por qué se evitó la construcción de infraestructuras que hubieran paliado los daños; por qué el Gobierno central no tomó el mando; por qué el protocolo de alertas está burocratizado y resultó ser más ineficaz que la campana antiincendios de los pueblos…
Esperemos que consiga aclararse pero en la escala de responsabilidades los hechos y sus propias decisiones y reacciones le sitúan a él en primera fila.
