A comienzos de este año, el Gobierno aprobó una norma para que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer asuman todos los casos de violencia sexual, y no solo los que se produzcan en el marco de la pareja y la expareja. La reforma legal impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aboca a los juzgados especializados al "colapso total", según denuncia un comunicado suscrito por 135 jueces pertenecientes a estos.
La norma aprobada el 2 de enero "atribuye a lassecciones de violencia sobre la mujer el conocimiento" de los casos de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, siempre que la persona "ofendida por el delito" sea mujer. Hasta ahora, el juzgado de violencia sobre la mujer conocía estos delitos "siempre y cuando entre la víctima mujer y el agresor varón mediara o hubiera mediado un vínculo afectivo".
En definitiva, con la entrada en vigor de la ley, los casos de violencia sexual fuera de la pareja, como por ejemplo el denunciado por Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, se tratarán en juzgados especializados y no en los ordinarios. Esto supondrá un "salto cualitativo y cuantitativo" en la competencia objetiva de estos juzgados, que tal y como denuncia el comunicado difundido este lunes, "ya están saturados".
Con lo cual, los firmantes del escrito reclaman una "previa dotación de recursos materiales y personales" que permitan a estos juzgados asumir el aumento de competencias que obedece "al cumplimiento por España de sus compromisos internacionales, y a lo previsto en la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual".
Los jueces denuncian que el Ejecutivo ha impulsado una reforma "a coste cero" pese a que el propio Ministerio de Justicia calcula que el cambio supondrá un aumento del 20% de la carga en los juzgados de violencia sobre la mujer. El aumento de las competencias se materializará el próximo 3 de octubre, "tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento las secciones de instrucción y de violencia sobre la mujer".
El mensaje de los jueces firmantes es claro: están de acuerdo con la "necesidad y la bondad" de una reforma que deje los casos de violencia sexual en manos de "órganos especializados", pero denuncian que la falta de dotación presupuestaria aboca a estos juzgados al "colapso total en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas".
Al respecto de la situación actual, el comunicado destaca que "sólo en cinco partidos judiciales —Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia— los juzgados de violencia sobre la mujer "funcionan con servicio de guardia" y están habilitados para recibir denuncias y detenidos "durante todo el día". El resto de los 88 órganos trabajan solo "durante la mañana" y se han de encargar también de "separaciones, divorcios, filiaciones, liquidaciones de régimen económico ganancial...".
Con lo cual, de acuerdo con el comunicado, la situación es de "absoluta precariedad de medios" y existe un "más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control". Las carencias, explica el escrito, "se vienen arrastrando desde hace años".
