El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado descarta suspender cautelarmente el análisis del volcado de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, al que investiga por revelación de secretos. Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, habían solicitado esta medida cautelar, pero Hurtado ha rechazado aplicarla porque "no hay razones para dudar" de quien tiene el material en sus manos, "una unidad de policía judicial al servicio de este instructor".
Los dos fiscales investigados habían recurrido el volcado de los dispositivos alegando que el material corría riesgos de caer en manos de "terceros externos al tribunal". Una queja a la que hurtado contesta de la siguiente manera: "Cualquiera que sea el sentido que se quiera dar a esta manifestación, hay que insistir que el material se puso en manos de una unidad de policía judicial, al servicio de este instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar, como la práctica judicial nos viene demostrando".
El juez pone de relieve que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó la entrada y registro de los despachos, presta habitualmente sus servicios "para la investigación de asuntos como el que nos ocupa". "Generalmente interviene con el beneplácito de los miembros del Ministerio Fiscal en los procesos penales", añade el juez al argumentar su rechazo de la solicitud de García Ortiz.
El juez instructor del Tribunal Supremo reconoce que entre el material intervenido puede haber información "que no sea de interés para la investigación", pero indica en su escrito que esto "no es algo distinto a lo que suele suceder cuando de otro tipo de intervenciones, como las telefónicas, se trata". Además, incide en que "la diligencia se practica bajo el secreto de sumario". Sin embargo, en un segundo auto el instructor ha acordado levantar el secreto de las actuaciones, excepto en lo que se refiere al material intervenido en los registros, "que se sustanciará en pieza separada de carácter secreto".
Hurtado solicitó en un primer momento analizar la información comprendida entre el 8 de marzo de este año y este 30 de octubre. Un marco temporal que se redujo por auto del 8 de noviembre: la orden actual es analizar los mensajes intercambiados entre el 8 y el 14 de marzo. Aún así, los investigados habían reclamado delimitar aún más este periodo y fijar los límites entre las 22.00 horas del 13 de marzo y las 10.20 horas del día siguiente. Tampoco en este punto ha accedido en instructor.
En un tercer escrito, una providencia dictada el 14 de noviembre, el juez da por personado al abogado del Estado que se encargará de la defensa del fiscal general.
