El director de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, lo ha anunciado al inicio más inmediato de su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado: "No puedo contestar a sus preguntas en aras de no perjudicar las acciones judiciales emprendidas y, si llegara el caso, mi legítimo derecho a la defensa". Moreno se ha declarado inocente de cualquier imputación y prácticamente no ha pronunciado más palabra. Hasta que le ha llegado el turno de interrogatorio al Partido Popular, que le ha amenazado con medidas legales y ha sentenciado que Moreno "tiene obligación de justificar por qué no contesta a cada una de las preguntas".
"Si se niega a contestar, pediré a la Presidencia que le dé traslado a la Mesa de la Cámara de su negativa, a los efectos de que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal para la exigencia de responsabilidades penales", ha amenazado el senador popular Gerardo Camps. El parlamentario no ha quedado satisfecho con las justificaciones "de carácter general" que ha ofrecido el interrogado al remitirse a su "declaración inicial" una y otra vez. De modo que Camps ha reiterado ante Moreno que su silencio tendría "consecuencias de carácter judicial".
El jefe de gabinete de Montero estaba citado este miércoles en la comisión del Senado por varias informaciones que apuntan a su relación con la trama corrupta que se investiga tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. No solo tuvo contacto con Koldo García, que le pedía por WhatsApp favores para empresas -entre ellas la de Víctor de Aldama-. Además, el propio comisionista Aldama señaló en la Audiencia Nacional que Moreno había cobrado una comisión de 25.000 euros en efectivo. Lo habría hecho tras concertar una reunión del empresario y una representante de Hacienda con el objetivo de aplazar una deuda de una de las empresas de Aldama, Pilot Real Estate.
"En las últimas semanas han aparecido en medios acusaciones tan graves como infundadas", ha justificado Moreno al comienzo de la sesión, "llevo más de 20 años prestando servicio para la Administración Pública de forma discreta y honrada, sin más pretensión que hacer bien mi trabajo". El Jefe de gabinete ha afirmado que al término de su etapa en política solo aspira "a una vida sencilla y tranquila". Y finalmente ha defendido: "Nunca he aceptado pago ni regalo por ninguna gestión relacionada con mi trabajo".
El subordinado de la ministra Montero ha denunciado que viene sufriendo una "pena de telediario" que "no tiene reparación". Moreno ha emprendido acciones legales contra Aldama y, ante la posibilidad de acabar imputado, ha decidido guardar silencio en el Senado.
Tras una primera comparecencia en la que Moreno ha aclarado esto último, el presidente de la comisión le ha informado de que debe justificar, cada vez que se niegue a contestar una pregunta, en qué derecho fundamental se ampara su decisión. El interrogado, no obstante, se ha remitido en todas las ocasiones a su declaración inicial y al artículo 24 de la Constitución: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
"Si no va a contestar, por lo menos podría haberlo dicho hace un par de días", le ha reprochado la primera portavoz en comparecer, la senadora María Mar Caballero. El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, algo más duro, ha atribuido a Moreno una "obstrucción de la labor de las Cortes Generales" y ha afirmado que el jefe de gabinete "debería dimitir".
Pero el verdadero encontronazo ha llegado con el turno de Camps: "Usted no tiene derecho de plano a no contestar, tiene obligación de justificar por qué no contesta a cada una de las preguntas", ha argumentado el senador antes de anunciar su intención de judicializar el asunto. El popular le ha afeado que se comporte ya "como un investigado". "Entiendo que no puedo tener menos derechos en esta Cámara que en un tribunal", ha reprochado el interrogado ante las insistentes acusaciones del PP.
Mientras que Carlos Moreno acusaba al senador popular de extraer "conclusiones" de sus silencios sin legitimidad, Camps enunciaba una a una las preguntas de su listado y reprochaba al interrogado cada uno de sus silencios. "Me temo que probablemente tendrá que volver a esta comisión cuando la Presidencia resuelva el recurso que vamos a hacer desde mi grupo parlamentario", le ha anunciado el senador al jefe de gabinete.
Cincuenta minutos después de comenzar un cuestionario que no ha obtenido ninguna respuesta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión ha llegado a tres posibles conclusiones. Que Moreno conocía las irregularidades de la trama y "eligió encubrirlas"; que "miró para otro lado y se desentendió de sus responsabilidades"; o que "simplemente fue incapaz de detectar y actuar ante prácticas corruptas". "Sea cual sea el escenario, el daño a la confianza pública es enorme y usted debería asumir la parte de la responsabilidad que le corresponde", ha espetado el senador al término de su intervención.
