La Guardia Civil, en colaboración con agentes de Chipre, Alemania y Francia, ha intervenidos más de 27 millones de euros en criptomonedas y otro ocho millones en efectivo a una organización criminal dedicada a blanquear a gran escala dinero "sucio" generado por las actividades de otros delincuentes, fundamentalmente la falsificación de productos importados de China.
Las investigaciones sobre la operación IFADE-YUZUK se iniciaron a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil en aeropuertos españoles. Según destaca la Guardia Civil en un comunicado, la organización desarticulada prestaba un servicio de blanqueo de capitales utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas.
Han sido necesarias dos fases para desmantelar por completo la estructura delictiva. Una primera que tuvo inicio el 28 de octubre de 2024, centrada en la desarticulación de la organización criminal, con actuaciones en España, Chipre y Francia, y una segunda fase, iniciada el 19 de noviembre de 2024, focalizada en los clientes de la organización asentados en España.
De manera global, la operación se ha saldado con los datos siguientes: 20 detenidos en España, uno en Francia, dos en Eslovenia y 17 investigados; 90 registros en total, de los cuales 77 han sido realizados en España, 1 en Francia y 13 en Chipre; 36 vehículos intervenidos además de 8,2 millones de euros en efectivo y 27 millones de euros en criptomonedas.
De cuatro a seis operaciones semanales
El grupo realizaba una "compra" del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomonedas, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2 y el 3%. Posteriormente ese dinero en efectivo era "vendido", siendo también compensado en criptomonedas y mediando nuevas comisiones en porcentajes similares, por lo que la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales, con un flujo de tres millones de euros a la semana.
Los investigadores han constatado que en un primer momento el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Después, la organización optó por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos (Francia y Portugal).
Pese a identificarse diferentes orígenes ilícitos de este dinero, prevalece el generado mediante el comercio de mercancía procedente de China, identificándose delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial. La venta de productos falsificados se realizaba en puntos como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia). Si bien, es en una localidad de Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados, en tanto que las entregas de dinero en efectivo se han constatado en Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, además de en Chipre, Francia y Portugal.
La Guardia Civil ha destacado que ha sido necesaria la colaboración de otros organismos externos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de EUROPOL.
A nivel internacional, el caso requirió la coordinación y concierto de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania que, junto con EUROPOL y gracias al papel de EUROJUST, propició la constitución de un equipo conjunto de investigación.
Gracias al apoyo prestado por la iniciativa T3 TCU, compuesta por las empresas Tron, Tether y TRM Labs, se ha logrado el bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT. Asimismo, gracias a la cooperación con la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, se han bloqueado 29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 dólares.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de El Prat de Llobregat (Barcelona), ha sido desarrollada conjuntamente por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) y Unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil.
