El Ministerio del Interior está revisando la posibilidad de reforzar la seguridad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que se haya filtrado a los medios de comunicación un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen sus datos personales. Según fuentes judiciales, García Ortiz ha remitido igualmente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertando de esta filtración de datos personales que figuran en el informe que se ha compartido este lunes con las partes personadas en la causa en la que se le investiga.
"El escrito ha sido remitido a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ para su tramitación", señalan fuentes del Consejo. Por otro lado, fuentes de Interior recalcan que "aún no se ha tomado una decisión sobre si se refuerza o no se refuerza" la seguridad en torno al fiscal general.
Este mismo lunes se ha filtrado a los medios un informe de la UCO que había solicitado el juez. El informe desvela que García Ortiz borró los mensajes de WhatsApp de su teléfono el mismo día en que el Tribunal Supremo lo imputó por presuntamente revelar información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Paradójicamente, el fiscal general investigado por revelación de secretos ha denunciado ante el CGPJ la filtración de sus datos personales. Según subraya García Ortiz, este lunes se ha dado traslado a las partes el informe en el que no se han anonimizado sus datos personales. De modo que el documento recoge datos como su teléfono móvil o su dirección de correo electrónico.
El pasado 3 de febrero, el juez que investiga a García Ortiz rechazó la petición de la Abogacía del Estado de abrir una pieza separada para investigar las filtraciones dentro de la causa. El instructor señaló en un auto que no procede abrir causa en el Supremo, sino enviar "testimonio" para que un juzgado de instrucción tome la decisión que considere. Previamente, el juez había tomado una primera medida para "extremar las precauciones", consistente en no remitir a las partes los vídeos de las declaraciones, sino tan solo las transcripciones escritas.
Hasta aquí las medidas que este magistrado ha de adoptar en el seno de la presente causa", sentenció Hurtado, y desestimó así las alegaciones del fiscal general, que alude a la existencia de un "juicio paralelo" en medios de comunicación".
