Mientras el pago en efectivo continúa convirtiéndose en un método muy ocasional de pago, las autoridades tratan de implementar sistemas que permitan controlar con exactitud los flujos de dinero de los pagos con tarjeta, ya sean contactless o por otros métodos (como Bizum) de pago digital. En ese sentido, el Gobierno promoverá a lo largo de 2025 una nueva norma para luchar contra el fraude fiscal.
La nueva norma, de la que aún no se conocen detalles y que deberá ser aprobada y recorrer todo el proceso legislativo, tiene por objetivo establecer un límite de operaciones con tarjeta y obligar a los bancos a informar detalladamente de operaciones que superen esa cifra.
Los bancos deberán informar de los movimientos que sumen al año más de esta cifra
El Ministerio de Hacienda trabaja ya en la redacción de un decreto que obligará a las entidades bancarias a elaborar una declaración anual que deberán presentar incluyendo en ella todos los movimientos (ya sean abonos, retiradas de efectivo, recargas o compras) que superen un total anual de 25.000 euros.
La nueva normativa, que aún debe redactarse, aplicaría a cualquier tipo de tarjeta (crédito, débito, prepago o virtuales) y a todas las entidades emisoras de tarjetas (ya sea un banco, una cadena de gasolineras o unos grandes almacenes), según informa EFE.
La previsión es que la norma comience a aplicar en 2026, donde habrá que comunicar los movimientos que se hayan realizado durante 2025. El texto del futuro Real-decreto ya fue sometido a audiencia pública y deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado por el Parlamento para su definitiva entrada en vigor a lo largo de este año si todo va según lo previsto por el Ejecutivo.
