PSOE y Sumar vuelven a chocar apenas unos días después de haber cerrado (por ahora) su pugna por la reducción de la jornada laboral. Este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abría la puerta a que los perceptores del salario mínimo empiecen a tributar a través del IRPF una parte de su sueldo, que el Ejecutivo tiene previsto elevar en las próximas semanas a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Es la primera vez que Montero defiende con tanta claridad esta opción y la posibilidad anticipa un nuevo enfrentamiento con la también vicepresidenta Yolanda Díaz, que rechaza taxativamente este escenario y que este miércoles defendió que "los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo".
Lo más novedoso del planteamiento de Hacienda no es esa posibilidad de que los perceptores del salario mínimo tengan que empezar a pagar IRPF por primera vez, lo que absorbería una parte de la subida de 50 euros que, previsiblemente, aprobará el Gobierno en las próximas semanas. El ministerio que dirige María Jesús Montero lleva semanas deslizando esta posibilidad, pero nunca la propia Montero había sido tan taxativa a la hora de defenderla: lo hizo de manera indirecta, criticando a Díaz por "hacer discursos populistas", que es como calificó la vicepresidenta primera al rechazo de Sumar a que quien cobre el salario mínimo esté obligado a tributar por él.
Hasta el momento, Montero había evitado el choque directo con Díaz, pero esta acusación de "populismo" implica un primer paso en el nuevo rifirrafe de la coalición. Aunque la vicepresidenta socialista sigue evitando un posicionamiento claro sobre la exención de los perceptores del SMI, su argumento implica no aceptar -por ahora- la propuesta de su compañera de Gobierno, a quien le pide "pedagogía fiscal". Montero barre para casa al reprocharle la apertura de este debate que, a su juicio, "demoniza" la contribución "justa" de los ciudadanos a las arcas públicas con el pago de sus impuestos.
Fuentes de Hacienda insisten en que la propuesta aún debe analizarse, "se analizará y se verá", acotan. El único razonamiento que exponen para replicar a Díaz, que en varias ocasiones ha dicho que Montero no comparte su criterio, es que no les gusta que se ponga el foco en la tributación porque esto contribuye a estigmatizar el pago de impuestos. Además, Montero insiste en que la recaudación tiene que ser "suficiente" para que los ciudadanos puedan tener "un colchón" para las políticas públicas. "Esos factores tienen que estar presentes dentro del debate y la negociación", dijo al respecto.
Eso sí, en las futuras conversaciones Hacienda ya parte de la posición de que "no todo se resuelve con la bajada de impuestos" y subraya las sucesivas subidas del SMI en los últimos años, además de la merma en la recaudación por las rebajas de impuestos y las ayudas fiscales para rentas bajas y medias para paliar la crisis de inflación. En cualquier caso, el ministerio se enroca en que la cuestión debe analizarse cuando "esté la propuesta final". Para ello, Díaz tendrá que presentarla en el Consejo de Ministros.
Esto anticipa una nueva pugna entre las dos alas del Gobierno que se encadena con el reciente choque entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Mientras la ministra de Trabajo presionaba para aprobar el texto que había acordado con los sindicatos pero sin los empresarios, Cuerpo llamaba a la prudencia y a priorizar que el cambio fuera "sostenible" para las empresas. Finalmente, el Consejo de Ministros inició la tramitación de urgencia de la reducción de la jornada, tal y como pedía Díaz.
En Sumar, por ahora, mantienen la calma y prefieren no entrar en una pugna dialéctica con Montero, al menos públicamente. Tras las declaraciones de la vicepresidenta primera, Díaz reconoció que tiene "discrepancias" con Hacienda sobre la posibilidad de obligar por primera vez a pagar IRPF a los perceptores del salario mínimo, y recordó que, hasta ahora, el Gobierno lo ha evitado. "Desde que soy ministra, siempre hemos eximido de tributación a las rentas que se acomodan al salario mínimo, hablamos de 16.500 euros al año", insistió la vicepresidenta, que deslizó que Sumar "no ha cambiado de posición" y aseveró que "la justicia fiscal, sin populismos, empieza por arriba, no por abajo".
Fuentes próximas a Díaz, no obstante, critican que Hacienda esté valorando esta posibilidad y lo achacan a la necesidad de conseguir recaudación, especialmente en un momento en el que el Gobierno no ha sido capaz aún de aprobar la subida fiscal al diésel y tiene que abordar gastos imprevistos, como el coste de las medidas destinadas a los afectados por la DANA. No obstante, estas fuentes resaltan que es el departamento que lidera María Jesús Montero el que tendrá que dar explicaciones si, finalmente, lleva a cabo la subida impositiva para los perceptores del salario mínimo. Y critican que, mientras se está planteando la opción de subir impuestos a los más débiles, el ala socialista del Gobierno haya anunciado exenciones fiscales a propietarios de viviendas que las alquilen.
Y es que, si Hacienda decide finalmente obligar a tributar por el IRPF a quienes cobran esta cuantía, rubricará un cambio radical de postura con respecto a lo que defendía hace apenas 12 meses. De hecho, la Moncloa aún presume en su web oficial de que, en la subida del salario mínimo que se aprobó el año pasado, el Gobierno perseveraba en su política de "eximir de tributación" a estos trabajadores. "Tras incrementarse hasta los 15.876 euros brutos anuales en 2024, el Ejecutivo ha modificado la ley para que los rendimientos íntegros del trabajo de quienes perciben el salario mínimo no sean sometidos a retenciones", se enorgullecía Moncloa.
