La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este lunes en el marco del llamado 'caso Hidrocarburos' a la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Además de Carmen Pano han sido detenidas su hija Leonor María González Pano, el presunto testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano, y Carlos del Castillo, en una operación puesta en marcha por la UCO en la que se han producido varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
A primera hora de este lunes, agentes de la UCO registraban las empresas que tiene en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, y que fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas "una relación particular", según la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los agentes también están efectuando registros en Madrid, Sevilla y Toledo, aunque no detallan si los mismos también son en una empresa del propio Escolano. Estos se encuadran en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.
Esta operación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
La actuación de la UCO se está produciendo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el 'caso Koldo'. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.
Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos en dos años.
"La organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude", reza el comunicado de la Guardia Civil.
"Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades, tanto en España como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente", continúa la nota de prensa.
El magistrado Pedraz acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel. El juez investiga en esta causa -que permanece secreta- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
