Guantánamo es una parte reciente de la historia más negra de los Estados Unidos. Ni Barack Obama ni Joe Biden lograron cerrar esta cárcel levantada sobre un trozo de Cuba que albergó a prisioneros investigados tras los atentados del 11-S. Cerrarla definitivamente no es la intención de Donald Trump, que acaba de ordenar al Pentágono a habilitar 30.000 camas en esa base para mantener allí detenidos a inmigrantes indocumentados.

Trump firmó un memorando el miércoles en el que encarga a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional la preparación de la base para recibir a 30.000 personas. "Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen", dijo el presidente de EEUU.

Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense"

Trump lo haría al amparo del acta Riley que acaba de firmar, que requiere que los indocumentados pendientes de juicio permanezcan detenidos y no salgan en libertad a la espera de ser juzgados. Sin embargo, hay dudas de que la base de Guantánamo sea actualmente el lugar adecuado para albergar a tantas personas.

Pero la base podría cumplir dos objetivos importantes para el programa de control fronterizo del nuevo presidente. En primer lugar, ofrecería un espacio muy necesario para detener a los migrantes antes de una posible crisis de alojamiento si el ritmo de las detenciones sigue aumentando. Y además, "podría hacer que Trump parezca duro", enviando "un mensaje a los posibles migrantes para que se queden en casa", escribe Stephen Collinson en CNN.

Ni Obama ni Biden cerraron la prisión

Guantánamo, otra vez. La prisión militar norteamericana que naciera en un pedazo de Cuba tras los atentados del 11-S, tiene ya 23 años. Antes de saber de los planes del nuevo presidente de EEUU, la última noticia del penal la tuvimos el año pasado.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el 18 de diciembre el traslado a Kenia de Mohammed Abdul Malik Bajabu. Este hombre fue detenido sin cargos (nunca fue acusado de delito concreto) y se pasó más de 17 años encerrado en Guantánamo. La suya fue la primera repatriación de un arrestado en estas instalaciones en más de un año.

Y ello a pesar de que la Administración Biden se propuso cerrar el centro, aunque también se llegó a plantear su uso para albergar a los haitianos y cubanos que buscaban alcanzar las costas del país. Antes, con Obama, el Congreso de los EEUU prohibió hasta en dos ocasiones (2009 y 2010) el uso de fondos públicos para el traslado de los presos de Guantánamo a cualquier otro territorio del país.

Donde el Derecho Internacional no existe

El Departamento de Defensa estadounidense explicó que la detención de Mohammed Abdul Malik Bajabu "ya no era necesaria". Por ello, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, notificó al Congreso en noviembre de 2024 su intención de repatriarlo a Kenia. Aunque fue en diciembre de 2021 cuando se determinó que Malik Bajabu ya no debía estar en prisión, se le mantuvo encarcelado tres años más.

Su caso es sólo un ejemplo más de lo que ha sido y sigue siendo Guantánamo. Aquí el Derecho Internacional no existe. "Guantánamo es la historia de un país que sintió miedo ante la amenaza global y desconocida del terrorismo a escala mundial y para protegerse de nuevos atentados decidió que las leyes internacionales sobre trato de prisioneros de guerra no eran aplicables para luchar contra el terrorismo a escala mundial", escribió la periodista Emma Reverter en su libro de 2012 sobre Guantánamo (Roca Editorial).

Todavía hoy, 23 años después de su estreno como prisión militar, hay una veintena larga de personas que están pendientes de salir de Guantánamo y que no han sido acusadas de ningún delito. "Por una cuestión de justicia, deberían ser transferidos lo antes posible", asegura Amnistía Internacional.

¿Una base de EEUU sobre suelo cubano?

Situada junto a la bahía de Guantánamo, a 920 kilómetros al sureste de La Habana, la base tiene el tamaño del término municipal de Marbella. Son 117,6 kilómetros cuadrados, de los que sólo 49,4 son de tierra firme, y una línea costera de 17,5 kilómetros.

La base fue instalada en Cuba por EEUU a principios del siglo XX gracias al Tratado cubano-estadounidense de 1903. Sin embargo, las autoridades de La Habana alegan que aquel pacto fue firmado bajo presión. El caso es que Washington sigue pagando el alquiler y las autoridades cubanas aseguran que guardan los cheques en un cajón porque se niegan a cobrarlos.

La base está cercada por una alambrada electrificada de tres metros de altura. Dentro, "la replica del pueblo americano más cara de la historia del país", en palabras de Reverter. Guantánamo lo tiene todo: Pizza Hut, Starbucks, McDonalds, Subway, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, bolera, un cine y parques infantiles, muchos parques infantiles. La mayoría de estos negocios son franquicias que pertenecen al Departamento de la Marina de EEUU y no son accesibles para los cubanos.

Porque en este pedazo de EEUU en Cuba reside mucha gente. La población total se cifra en unas 8.500 personas. Guantánamo tiene una dotación permanente de unos 400 marines que conviven con otros militares y civiles estadounidenses. Durante años, la mayoría de sus trabajadores no militares eran filipinos. También hay cubanos, personas que para visitar su país tienen que volar a Miami y de allí a La Habana.

Cómo se convirtió en prisión a prueba de leyes

Sólo habían pasado dos días después del 11-S, cuando el Congreso de EEUU aprobó una resolución por la que se otorgaba al presidente una autorización sin precedentes para emplear la fuerza contra "naciones, organizaciones e individuos" que, según su criterio, estuviesen relacionados en cualquier modo con los atentados o con actos futuros de terrorismo internacional. Fue George W. Bush quien recibió ese poder.

El 17 de septiembre, Bush habría firmado un memorando en el que autorizaba a la CIA a instalar centros de detención fuera del territorio de EEUU. Este documento tiene carácter secreto.

En noviembre de 2001, el presidente firmó una orden ejecutiva en materia militar sobre "Detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo". Con ella autorizaba al Pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos.

La base de Guantánamo fue acondicionada como centro de detención tras la invasión de Afganistán, a finales de 2001. Los 20 primeros prisioneros llegaron el 11 de enero de 2002.

En seis años pasaron por la base alrededor de 800 prisioneros de 42 países, la gran mayoría afganos y paquistaníes. Según Amnistía Internacional, hasta 17 de los detenidos eran menores de edad cuando fueron puestos bajo custodia (EEUU admitió que eran 12 y que uno se suicidó). En septiembre de 2008 quedaban alrededor de 250 presos.

Cómo EEUU se salta el Derecho Internacional

Washington considera a sus presos en Guantánamo "combatientes enemigos ilegales" y no prisioneros de guerra. De modo que el gobierno estadounidense argumenta que no tiene por qué aplicar las protecciones legales de la Convención de Ginebra. Y así, defienden, puede retener estas personas indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado.

Como la Casa Blanca no considera la base de Guantánamo como parte del país, todos estos detenidos no se encuentren en suelo estadounidense. Por ello, los presos no disfrutan de los derechos que otorga la constitución de EEUU a los detenidos, entre ellos, la presunción de inocencia o el derecho a un juicio con jurado.

La Administración norteamericana ha sido criticada por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Juristas consideran que la situación de Guatánamo es la de un "vacío legal". Muchos de los presos tienen una situación legal incierta, porque no existe evidencia suficiente para acusarlos pero son considerados demasiado peligrosos por EEUU para quedar en libertad.

Con los años, Washington ha admitido que, salvo los miembros de Al Qaeda, el resto de los prisioneros sí estaría amparado por las convenciones internacionales. En todo caso, los juicios son tarea de tribunales militares creados en la propia base al amparo del acta de poderes especiales de 2006. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias y Extrajudiciales, exigió a EEUU que suspendiera esos juicios por "no cumplir en absoluto las normas internacionales".

Las autoridades estadounidenses siempre han negado que se practique la tortura y que, al contrario, han defendido que los detenidos reciben un "trato humanitario". Sin embargo, tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional han señalado evidencias de que algunos detenidos han sido torturados.

Quedaban 27 presos antes de Trump

Actualmente, quedan 27 detenidos en Guantánamo, de los cuales 15 pueden ser repatriados, según los datos proporcionados por las autoridades estadounidenses. Entre ellos, se encuentran tres presuntos conspiradores del 11-S cuyos acuerdos de culpabilidad están en el centro de una disputa en curso entre el Pentágono y un juez militar.

Tras confirmar en noviembre pasado el traslado a Kenia de Mohammed Abdul Malik Bajabu, el Pentágono anunció la repatriación a Malasia de dos ciudadanos del país identificados como Mohammed Farik bin Amin y Mohammed Nazir bin Lep, quienes "se declararon culpables de múltiples delitos ante una comisión militar".

Amnistía Internacional esperaba "ver más traslados en los próximos días", puesto que algunas de las personas que han recibido 'luz verde' para salir de la prisión llevan "más de una década". "Biden debe transferir a estos hombres antes de dejar el cargo", decía la ONG hace dos meses. Eso no ha ocurrido y ahora en el Despacho Oval se sienta Donald Trump.