El juez que investiga a Álvaro García Ortiz ha logrado abrir una vía para recuperar los datos que eliminó el fiscal general del Estado de sus cuentas de WhatsApp y Google el día en que el Tribunal Supremo lo imputó por un presunto delito de revelación de secretos. Ambas compañías han informado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que conservarán los datos de García Ortiz y el instructor Ángel Hurtado ha enviado a Eurojust los números de referencia de cara a la recuperación de la información.
A finales de enero, la UCO solicitó a Google y Whatsapp, por orden del juez, que conservaran cuantos datos tuvieran del usuario Álvaro García Ortiz. WhatsApp contestó el 29 de enero, un día después de recibir la "orden de conservación de datos", y adjuntó un número de referencia asignado a los datos del fiscal general. Por otro lado, este mismo lunes Google contestó a la Guardia Civil "confirmando que se ha procedido a lo solicitado y aportando el número de caso".
De forma que la UCO ha enviado sendos escritos a Hurtado, a los que ha tenido acceso este periódico. El magistrado, "recibidos los oficios remitidos" por la Guardia Civil, ha acordado proceder "a su comunicación a Eurojust".
Será Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, quien deba solicitar a las compañías internacionales que faciliten la información oportuna, tal y como confirman fuentes jurídicas cercanas a la investigación. Entre las competencias de esta agencia están la de ayudar a "resolver conflictos jurisdiccionales" y facilitar "la elaboración y aplicación de instrumentos jurídicos de la UE, como las órdenes de detención europeas, las órdenes eruoeas de investigaciones y las resoluciones o certificados de embargo y decomiso".
En manos de esta organización queda una de las claves de la causa en la que se investiga si Álvaro García Ortiz filtró datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el pasado 13 de marzo de 2024. Cuando el instructor Ángel Hurtado asumió la investigación de estos hechos, la primera diligencia que ordenó fue el registro de los despachos de los dos imputados: García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
En su escrito, el magistrado ordenó a la UCO que incautara los dispositivos informáticos de ambos investigados para analizar información de posible relevancia para la causa penal. Con esta diligencia, Hurtado pretendía averiguar si alguno de ellos estaba detrás de la filtración de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador sobre la investigación del presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso.
El análisis del móvil de Pilar Rodríguez desveló que, tras la filtración de uno de estos mails en El Mundo, el fiscal general se apresuró a intentar recabar la cadena completa de correos electrónicos. El mail clave para la investigación, en el que el letrado de González Amador reconoce que su cliente cometió dos delitos de fraude, se filtró cuando ya estaba en manos del fiscal general, si bien los periodistas que lo publicaron aseguraron ante el juez que lo tenían en su poder antes que el propio García Ortiz.
El análisis del móvil del fiscal general no ha servido para confirmar o descartar que estuviera tras la filtración, porque la UCO encontró "cero mensajes" en el dispositivo en las fechas referidas por el juez, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Desde que así lo informó la Guardia Civil, el juez Hurtado ha intentado sin conseguirlo obtener los mensajes eliminados por García Ortiz. Tan solo ahora, con las respuestas de Google y WhatsApp se abre una pequeña ventana de oportunidad para recuperar estos datos.
