El Gobierno ha enviado finalmente este lunes toda la documentación a la Comisión Europea para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a los estragos de la DANA. Lo ha hecho a través del Ministerio de Hacienda a solo unas horas de que expirase el plazo -el 21 de enero- y entre duras críticas del PP por el retraso, puesto que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció ya en noviembre la intención de recurrir a estas ayudas.
Con todo, es habitual que los países apuren los plazos, con el objetivo de "hacer un mejor diagnóstico de la situación", puesto que esta es una ayuda a medio plazo y no de urgencia. Italia, Eslovaquia y Alemania tardaron las aproximadamente las 12 semanas que se marcan cuando tuvieron que pedir este apoyo en 2021. Así lo explica también Hacienda y cifra los gastos susceptibles de financiación en 4.404 millones, una cifra que se queda lejos de los casi 20.000 millones de valor que tienen los daños causados por la catástrofe, según el Gobierno valenciano.
El pasado 4 de noviembre, pocos días después de las inundaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya comunicó a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que España tenía intención de acogerse al Fondo de Solidaridad, pero eso no implicó la petición directa, y esa es la crítica principal que se le hace al Ejecutivo desde el PP: el anuncio de entonces de Sánchez no se correspondía con la realidad, tal como denunció por ejemplo desde Bruselas la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él, considerando la catástrofe de naturaleza grave, cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición.
Una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses. Desde la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento esperan, eso sí, poder dispone de los fondos "a lo largo del primer semestre" de este año.
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite al bloque comunitario ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país candidato a la adhesión en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública. En este caso la DANA entra en el primer grupo, así que España ha podido para ayudar la recuperación de las zonas afectadas. El país ya recurrió a esta herramienta ante el Covid-19 o con la erupción del volcán de La Palma.
Hay, eso sí, un matiz. Este fondo no es una herramienta para dar respuestas rápidas a emergencias o catástrofes naturales específicas. Esta es la función de la Reserva para Ayudas de Emergencia. Se trata, con todo, del principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad, tal como explican desde Bruselas. Se ha recurrido a él en situaciones como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías. "Desde 2020, el Fondo de Solidaridad también ha cubierto emergencias graves de salud pública, como la pandemia. Debido al aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático, cada vez se reconoce más la importancia" de esta herramienta, añaden en la Comisión Europea.
