El Gobierno de Pedro Sánchez sigue respaldando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntase a su "participación preeminente" en la "filtración" de los correos electrónicos privados del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno se enteró de la "información" a través de la prensa, negando así que Moncloa hubiese filtrado a Lobato los citados correos electrónicos. Sobre por qué Lobato llevó ante el notario las conversaciones con Pilar Sánchez Acera, la jefa de Gabinete de Óscar López, entonces mano derecha de Pedro Sánchez, el ministro ha dicho que tendrá que ser Lobato el que responda a esa pregunta.
Así ha respondido Torres tras una información publicada por ABC que apunta que Moncloa estaría detrás de la filtración de estos correos intercambiados entre González Amador y el fiscal Julián Salto e intentó implicar al líder del PSOE-M, Juan Lobato. En concreto, señala que Pilar Sánchez Acera envió información a Lobato sobre estos correos que se habían filtrado con el objetivo de que los utilizara en la Asamblea de Madrid contra Ayuso, aunque según el líder del PSOE-M esa información provenía de los medios y no de la Fiscalía.
Sin embargo, seis meses más tarde y después de que el Tribunal Supremo imputase al fiscal general del Estado, Lobato acudió a una notaría para dejar constancia de los mensajes intercambiados con Pilar Sánchez Acera.
El primer miembro del Gobierno que se ha pronunciado al respecto ha sido Torres, que ha asegurado que Moncloa se "enteró" de la información a través de la prensa, al tiempo que ha respaldado al fiscal general del Estado. "El fiscal general lo que hizo fue aclarar una noticia falsa, por lo tanto desmentir el bulo y decir la verdad. Por lo tanto, no tenemos nada más que añadir", ha aseverado Torres, que solo ha respondido a una pregunta de la prensa.
También ha querido dejar claro que el fiscal tuvo que hacerlo porque el director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "distribuyó información falsa" relativa a la investigación judicial del fiscal Julián Salto, que lo investigaba por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. "Hubo información falsa y el fiscal general dijo que era un bulo", ha argumentado el ministro, que ha subrayado que no fue la Fiscalía General del Estado la que había ofrecido un pacto a González Amador sino al revés.
Para desmentir estas informaciones, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa y González Amador consideró que la nota era un delito de revelación de secretos y vulneraba su derecho a la defensa, y así lo denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tras meses de investigación elevó el asunto al Supremo por considerar que el máximo responsable del presunto delito era Álvaro García Ortiz, aforado ante la Sala de lo Penal.
El Supremo asumió la causa y designó instructor a Ángel Hurtado, que mandó registrar los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Ahora, Hurtado ha recibido este informe de la UCO, que resulta de un análisis de "todas las comunicaciones de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados". Eso sí, solo se han analizado las conversaciones que tuvieron lugar entre el 8 y el 14 de marzo, el plazo acotado por el juez instructor del Supremo.
De dichas conversaciones, la UCO deduce que la Fiscalía no solo estuvo tras la filtración de los correos, sino que días antes filtró el fraude de González Amador. Con todo, Moncloa sigue respaldando a García Ortiz y defiende que lo único que hizo fue desmentir informaciones falsas.
