El Gobierno planea agrupar las medidas 'antibulos' de Sánchez en una ley ómnibus de medios para evitar choques entre sus socios

Poco se sabe del 'plan antibulos' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace ya cinco meses tras la judicialización del caso de su mujer, Begoña Gómez. Y es que aún hay debate interno en el PSOE sobre la materialización de sus 31 medidas, que fueron aprobadas este mes de septiembre en el Consejo de Ministros. Pero una de las fórmulas que está sobre la mesa es agrupar todas las medidas que tienen que ver con los medios en una misma ley para que sea debatida por los grupos en el Congreso de los Diputados. Sería una suerte de "ley ómnibus de medios", apuntan fuentes del grupo parlamentario socialista.

Fuentes del Ejecutivo no descartan esta fórmula, que en la práctica supondría trasponer de una sentada el reglamento europeo sobre medios a la legislación española, algo que España y el resto de países tienen que hacer antes del verano de 2025. Aunque en un inicio el Ejecutivo rechazaba aprobar las medidas en paquete y abogaba por escalonarlas y desgranarlas a través de proposiciones de ley, ahora ya estudian agruparlas en lo que sería una especie de ley ómnibus de medios que incorporase, por ejemplo, la actualización de ley de publicidad institucional con el fin de conocer la propiedad, la asignación y la medición de audiencias de los medios privados, así como sus fuentes de financiación, o la imposición de una limitación en el dinero público que reciben los medios que, a juicio del Gobierno, tienen escasos lectores.

Entre las medidas también podría estar la obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, la creación de un registro de medios a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, o medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en catalán, gallego o euskera.

Nada está decidido, pero la fragmentación parlamentaria y los continuos embistes de algunos de sus socios empujan al Gobierno a tensar lo menos posible la cuerda. En lo que se refiere al asunto de medios lo tienen más fácil que con otras medidas, ya que todas las familias europeas de los grupos parlamentarios, excepto la de Vox, votaron a favor de incorporar el reglamento cuando se debatió en el Parlamento Europeo.

Reformar la ley de secretos oficiales

En cuanto al resto de medidas del plan, algunas se podrían aprobar por decreto, otras requieren una reforma del reglamento de las Cortes y otras una reforma del Código Penal. El grupo socialista le da especial prioridad a la reforma de la ley de secretos oficiales, una demanda histórica de sus socios del PNV para actualizar esta normativa que data de 1968 y adaptarla a los estándares actuales.

Entre las medidas que requieren una reforma del reglamento está la obligatoriedad de la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación y las sanciones a quienes no presenten su declaración de bienes en el Congreso. Las cuestiones relativas a los procesos electorales, como una medida para obligar a los candidatos a que debatir durante la campaña o que las casas demoscópicas publiquen los microdatos de sus encuestas, se tendrían que votar en el Congreso de los Diputados. Y solo bastaría el visto bueno del Ejecutivo para la aprobación de una Estrategia de Gobierno Abierto o para el programa de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios.

Pero lo que puede suponer un mayor dolor de cabeza al Ejecutivo es lo que concierne a la reforma integral del Código Penal, lo que no podría ir dentro de una eventual ley ómnibus de medios. El Gobierno pretende tocar los artículos afectan al derecho de libertad de expresión y a la creación artística cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público.

Sin embargo, los socios de coalición —PSOE y Sumar— chocan en lo respectivo a la derogación del delito de injurias a la Corona. Mientras Sumar pide acabar con ello basándose en la jurisprudencia europea al respecto, los socialistas no fácil desencallar este asunto, que ya viene de largo.

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